La práctica de pago de sobresueldos por decreto a determinados trabajadores en el Ayuntamiento de Torrent, que se aplica según el gobierno local desde el año 1988, no se ajusta a la ley. Así lo ha determinado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de València, en una sentencia a raíz del recurso que planteó en septiembre de 2017 el sindicato Comisiones Obreras.

Los representantes sindicales impugnaron entonces un decreto de alcaldía por el que se establecía el paquete de productividades más grande del consistorio en ese ejercicio -pero no el único- que ascendía a unos 220.000 euros y afectaba a un total de 56 trabajadores. Con todo, CCOO calcula que al año se abonan en Torrent unos 600.000 euros por este concepto. Estos pagos aparte del sueldo se efectúan por haber realizado, en la mayor parte de los casos, funciones que no se corresponden con las del puesto de trabajo del beneficiario.

CCOO defiende que el pago de productividades «ha de ser por situaciones concretas que se producen, como la elaboración de los proyectos de los fondos Edusi de la UE, que requiere hacer muchas horas a determinados trabajadores» pero «en ningún caso pueden ser una práctica generalizada y habitual cada año, que además ha ido en aumento de forma desmesurada», explica el representante del sindicato en la mesa de negociación, Vicente Soriano.

Frente a ello, el sindicato propone dos medidas. Por un lado, aprobar «de una vez» una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que el consistorio debería tener por ley, en la que cede especificada la función de cada trabajador y el sueldo que le corresponde. Y la segunda es aprobar un reglamento que regule el pago de productividades «como se aprobó en pleno hace más de un año», con lo que se evitaría la discrecionalidad al aplicarlas. «Pero ambas medidas significan negociar con los representantes sindicales y a eso no está dispuesto el gobierno», valora Soriano.

De ahí que «tras advertirlo en numerosas situaciones, especialmente estos tres años», CCOO se fue al juzgado. Y ahora una sentencia ha estimado el recurso y anulado el decreto. El fallo apunta numerosas razones, según los casos, como que las productividades pagaban la ejecución de funciones por encima de la categoría profesional, había ausencia de justificación en determinados pagos, entre otros.

El concejal de Personal José Antonio Castillejo informó ayer de la sentencia y, en un primer momento, temió de que una de las consecuencias de la ejecución fuera la devolución del dinero por parte de los trabajadores. Fuentes municipales y el propio portavoz socialista Andrés Campos aclararon más tarde que la sentencia «solo anula el decreto pero no hace referencia a la devolución». Campos indicó también que se estudiará si se recurre el fallo.

Por su parte, el representante de CCOO indicó que «no es voluntad del sindicato castigar a los trabajadores, que no tienen la culpa de que el gobierno local haga las cosas mal» y dejó claro que no va a pedir, en la ejecución de la sentencia, que se devuelva el dinero. «No podemos avanzar las consecuencias de esta sentencia porque debe ser Secretaría la que emita un informe sobre cómo ha de ejecutarse y luego el gobierno ha de sentarse a negociar con nosotros». Para Soriano, «ahora lo que toca es ponerse a negociar una RPT y un reglamento de productividades» ya que el decreto de 2018 también está impugnado.