El decreto que establecía el pago de las productividades al funcionariado del ejercicio 2018 no lleva la firma del alcalde Jesús Ros, como en años anteriores, sino del concejal de Personal, José Antonio Castillejo. Así lo denunció ayer Compromís, un día después de conocerse que el juzgado ha anulado estas productividades en 2017 (cuyo decreto sí rubricaba Ros) a raíz de una denuncia del sindicato Comisiones Obreras.
El concejal de Compromís Víctor Medina critica que Ros, en pleno proceso judicial y en previsión «de lo que podía pasar en esta sentencia», delegó en materia de Personal en Castillejo, mediante una resolución de la Junta de Gobierno Local de 12 de febrero de 2018, «huyendo así de sus funciones como máximo responsable del personal del ayuntamiento».
Medina insiste en que, «lejos de rectificar y de establecer una política de retribuciones justa», Ros ordenó nuevamente en 2018 el pago de 258.997,88 euros «en nuevos complementos salariales a dedo», de entre los cuales algunos llegaron a los 1.470 euros mensuales, «sin que estuvieran definidas las funciones (de los beneficiarios en ningún documento administrativamente admisible, como por ejemplo una Relación de Puestos de trabajo basada en criterios técnicos».
Aunque contra esta sentencia cabe recurso, Compromís asegura que «la posible apelación que pueda hacer el alcalde y/o la Junta de Gobierno Local no tiene prácticamente recorrido porque los hechos denunciados por CCOO son claros y contundentes y así se recoge en la jurisprudencia del fallo judicial». Medina avanza que su grupo pedirá conocer la minuta pagada al bufete privado encargado del contencioso perdido, así como su contrato correspondiente, para comprobar el contenido de los precios, y exigirá que para futuros procesos judiciales se utilicen los servicios municipales.
