La sentencia que ha anulado el decreto por el que se pagaron 214.000 euros en productividades ha progocado que el gobierno local se replantee ciertos aspectos de la política de retribuciones que se aplicaba en el consistorio, hasta la fecha, durante los gobiernos del PSPV y el PP. "Ahora hemos de analizar la sentencia, que no es firme porque cabe recurso, para ver si optamos por esa vía pero lo que tenemos claro es que hemos de procurar un panorama estable en el futuro de la administración local", explica el portavoz socialista Andrés Campos.
Para ello, el gobierno se plantea una negociación con todos los sindicatos, no solo con el que recurrió el decreto y ganó la sentencia, cuyos contactos ya se han iniciado por parte del concejal de Personal, José Antonio Castillejo, según informa Campos, para pactar un reglamento que regule las productividades, además de habilitar una partida para encargar la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo, un documento que el consistorio aún no tiene y que establece las funciones de cada persona de la plantilla municipal, de forma que su retribución sea en base a ese trabajo y no a productividades.
