El grupo municipal Ciudadanos Paterna ha elaborado sus conclusiones tras la última sesión de la comisión de investigación en torno a la gestión de la empresa pública GESPA desde su creación. Así, el concejal Jorge Ochando apunta que la firma” ha servido para realizar contrataciones a dedo y repartir cargos, tanto por parte del Partido Popular, como del Partido Socialista y de Compromís”. Para el regidor de la formación naranja, la empresa pública “presta encomiendas con sobrecostes que se podrían evitar realizando otro tipo de contratación”. En este sentido, revela que “se han abonado y se abonan trabajos no recogidos en las encomiendas”.
Entre los ejemplos que pone Ochando sobre la gestión realizada todos estos años en Gespa, resalta el informe realizado por la empresa Ages sonbre contratos menores, “indicando que en numerosas ocasiones la empresa pública ha utilizado la concatenación de contratos menores, incluso indica posibles fraccionamientos con empresas vinculadas”. Así, el concejal destaca que “entre otros los posibles fraccionamientos y facturaciones a través de empresas vinculadas de los asesoramientos legales de la empresa, destacando desde el inicio al 2015 las mercantiles Broseta Abogados y Tecum Auditores y desde el 2015 a la actualidad la mercantil Ages Asesoramiento y Gestión”.
Además, Cs asegura que la empresa pública “no está clasificada siguiendo la ley reguladora de las Bases de Régimen Local por el pleno de la entidad local porque no existe interés por parte del gobierno”, y que Gespa “no tiene los estatutos actualizados la ley 9/2017 de Contratos del sector público”.
El regidor paternero critica que la comisión de investigación se creó para “determinar los servicios que debía prestar GESPA y cuáles no y no hay interés por finalizarla ni concluirla”, por lo que asegura que tras las comparecencias realizadas y la documentación analizada, “consideramos imprescindible proceder a la despolitización total de la empresa”.
Por todo ello, Ochando sostiene que las conclusiones de su grupo deberían remitirse al Sindic de Comptes, “al objeto de que analice tanto las encomiendas recibidas como la no clasificación de la empresa”, y a la Agencia Antifraude, “como ampliación de la investigación que está realizando en la actualidad”.
Por su parte, Compromís concluye que los años de gestión de la empresa pública por parte del Partido Popular “están llenos de irregularidades y de carencia de procedimientos adecuados a una empresa pública, tanto en la contratación de personal, la contratación con proveedores y en la formación a los trabajadores.”
Compromís per Paterna, en sus conclusiones, ha dejado patente que la contratación tanto de los directivos de la empresa como del resto de trabajadores bajo la presidencia del Partido Popular ha sido un “coladero de enchufismo” y de pago de favores por parte de los anteriores dirigentes. “Cuando tienes una empresa pública que no respeta las reglas de contratación de personal, quién lo paga son los ciudadanos de Paterna, que no han tenido la posibilidad de optar a un trabajo en la empresa” ha declarado el concejal de Compromís per Paterna, Carles Martí.
Tanto en las auditorías, como en las declaraciones, “se pone de manifiesto lo que Compromís ha denunciado desde hace muchos años, GESPA ha contratado repetidamente a las mismas empresas sin procesos de selección de la mejor oferta por un mandato político manifiesto. Otra cosa que desde Compromís hemos denunciado siempre es que el PP en la última etapa tenía la intención de cerrar la empresa, hecho que se demuestra en dos informes hechos a medida por parte de Broseta y de Tecum”, informa Martí.
Estas empresas han estado contratando con la empresa anualmente “por encima de los límites que permite la ley”, por eso, desde Compromís “solicitamos al Ayuntamiento que investigue estos contratos y exija las responsabilidades correspondientes, si hace falta penales en estos hechos”. Por último, “como ejemplo de la gestión irregular del PP, la auditoría refleja una contratación por parte de la directora de marketing, Amparo Burgos, a una empresa de su propiedad”.
Para la coalición valencianista también destaca que en la comisión “hay un hecho que no ha quedado aclarado, ni en las auditorías, ni en las declaraciones, si la contratación en 2015 de 3 directivos bajo la presidencia del Partido Socialista se realizó según ley. Existen contradicciones sobre los motivos de la contratación y del proceso que se siguió, indican fuentes de la coalición”.
“Estas irregularidades no pueden quedar tapadas por el cierre en falso de esta comisión, el ayuntamiento tiene que reclamar las responsabilidades que correspondan en cada caso e iniciar los procesos de investigación y denuncia de los hechos que han quedado demostrados en esta comisión hasta las últimas consecuencias. La ciudadanía tiene derecho a saber y el Ayuntamiento tiene que recuperar aquel dinero que ha sido derrochado presuntamente por una gestión nefasta y en muchos casos con una presunta gestión al margen de la ley”, comenta Carles Martí.
