El Ayuntamiento de Moncada ha aprobado iniciar el expediente para retirar a la empresa municipal Pemsa la condición de agente urbanizador de un PAI, y caducar la actuación urbanística. La decisión tomada por el consistorio es en virtud de la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de la València tras la denuncia presentada por la propietaria de una de las parcelas.
El expediente del PAI Ampliación del Polígono Industrial Moncada III se inició en 2002, bajo el mandato del Partido Popular. La actuación abarcaba una pastilla de alrededor de un millón de metros cuadrados de suelo agrícola, pegada a la autopista A-7. Pemsa, mercantil pública y agente urbanizador de la actuación, firmó un convenio con el ayuntamiento para ejecutar los trabajos. Los propietarios de los terrenos fueron abonando a la sociedad municipal las cuotas iniciales del PAI. En 2009 se inscribe la reparcelación y en 2012 las obras estaban en condiciones de arrancar, con un plazo de ejecución de 30 meses.
Pero en todos estos años no se ha movido una piedra sobre aquellos terrenos, ya catalogados como urbano. Por ello, en febrero y noviembre de 2016, la propietaria de uno de las parcelas presentó en el ayuntamiento dos escritos en los que criticaba que las obras no se había iniciado. La dueña incluso acudió al Síndic de Greuges, que recomendó al consistorio dar una respuesta a la vecina y garantizar sus derechos.
Ante la desestimación de sus dos escritos, la mujer presentó en febrero de 2017 un contencioso administrativo en el que reclamaba la devolución de los 11.317 euros que abonó en su día como cuota inicial o que se diera comienzo a las obras. La demandante recordaba en su escrito que los trabajos de urbanización de los terrenos no se habían ejecutado a pesar de había transcurrido el tiempo necesario, y por tanto el consistorio había incumplido con los deberes que le compete en relación a la potestad urbanística.
El juzgado ha resuelto el contencioso estimando de forma parcial la demanda de la propietaria. Cabe reseñar que la sentencia es firme contra la que no cabe recurso y que el ayuntamiento no compareció en la vista. Así, el juzgado declara la obligación del consistorio de dictar un acto administrativo declarando la caducidad del PAI, e iniciar los trámites oportunos para depurar responsabilidades por los incumplimientos del agente urbanizador, además de adoptar las decisiones en torno a los derechos de los propietarios afectados, estableciendo un plazo de seis meses para que el consistorio cumpla con sus obligaciones.
La sentencia, en cambio, no atiende las pretensiones de la demandante, ya que considera que «habiéndose producido una circunstancia legal que determina la caducidad programa, no cabe ya el inicio de las obras». Además, exime al ayuntamiento de devolver a la propietaria los 11.317 euros de cuota inicial, al estimar que la competencia corresponde a Pemsa como agente urbanizador.
El pasado 13 de septiembre, cuando se cumplía el tiempo límite marcado por el juzgado, el pleno de Moncada aprobaba iniciar el expediente para caducar el PAI y retirar a Pemsa la condición de agente urbanizador. La alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, explicaba a este diario que Pemsa se encuentra actualmente en fase de liquidación, tras haber entrado hace muchos meses en concurso de acreedores.
Con el resultado de la sentencia, el ayuntamiento tenía dos caminos, según Orts: caducar el PAI y retirar a Pemsa la condición de agente urbanizador, y revertir la situación al principio para iniciar de nuevo todo el proceso urbanístico; o bien caducar el PAI y buscar un nuevo agente urbanizador que dé un impulso a la actuación.
Es esta segunda opción por la que parece que se decanta el ejecutivo moncadense. «Tenemos seis meses para decidirlo, ya que se trata de una decisión que afectará a gobiernos venideros. Por ello se pedirán informes a expertos para tomar la decisión más adecuada, aunque todo indica que será tirar adelante con el PAI», revela la alcaldesa. En este sentido, indica que se están reuniendo con los propietarios del suelo, «para explicarles la situación y saber qué piensan, que en su mayoría es que se urbanice», dice la dirigente socialista.
Orts critica que el fallo «es una muestra más de la nefasta gestión del dinero público por parte del Partido Popular en todos estos años», en la que «nos han dejado una empresa pública arruinada y en quiebra, que hemos tenido que liquidar durante esta legislatura».
