El Juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Valencia ha acordado no autorizar al Ayuntamiento de Paterna la entrada a las instalaciones de La Cooperativa El Plantío, tras la solicitud formulada el pasado 24 de octubre por el letrado municipal. En ella se pedía acceder a instalaciones de la cooperativa y a otras que no son de su propiedad.

El consistorio esgrimía como argumento principal la declaración de reversión del servicio de abastecimiento de agua potable para municipalizarlo aprobada por el Pleno el pasado abril, con los votos a favor de PSOE y Compromís y en contra de PP y Ciudadanos.

En los argumentos del auto, se cita que «el órgano judicial debe cerciorarse de que el acto administrativo para cuya ejecución se solicita autorización de entrada no está siendo o ha sido objeto de un recurso contencioso-administrativo» como es el caso de este. De hecho, manifiesta que «no procede acceder a la entrada solicitada y ello por cuanto la Cooperativa Valenciana El plantío y La Cañada interpusieron recurso contencioso administrativo contra la Resolución que cita el Ayuntamiento, y solicitaron, asimismo, la adopción de medida cautelar, que fue desestimada mediante auto de este Juzgado de 20 de julio de 2018. Dicho auto ha sido recurrido en apelación por dicha Cooperativa, por lo que no concurren las circunstancias antes expuestas para acceder a la pretensión del Ayuntamiento de Paterna, añadiendo, además, la imprecisión de la solicitud».

El Partido Popular de Paterna que ha hecho público este auto judicial, ha recordado que «esta ya es la segunda intentona que hace el ayuntamiento, ya que el paso 2 de julio, intentó ocupar las instalaciones de la Cooperativa y, a fecha de hoy, la medida todavía se encuentra recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia».

El concejal popular José Vicente Riera asegura no salir de su asombro «por las formas con que el alcalde Sagredo está gestionando algo que no debería ni si quiera haber empezado». Riera recuerda que «la Canyada es lo que es, en gran parte, gracias a la Cooperativa de Agua, formada por casi todas las familias residentes en esa zona de Paterna y que nació para dar un servicio que el ayuntamiento no era capaz de prestar».«¿Qué habría ocurrido si hace más de 50 años no se hubiese llevado agua a La Canyada? ¿habría crecido y prosperado tal y como podemos ver a fecha de hoy? ¿y el agradecimiento de Sagredo es quitarles a los propios vecinos de La Canyada lo que ellos mismos han creado, como es una Cooperativa sin ánimo de lucro?», se pregunta el edil del PP.

Riera ha alertado de que «el Partido Popular hará lo que esté en su mano para resolver esta situación, a la que nos ha llevado Sagredo y su compañera de viaje, la teniente de alcalde Nuria Campos, de la mejor manera posible» además de añadir que «si el PP gana las elecciones de 2019 intentaremos parar esta barbaridad, ya que aquí lo que parece que se aprecia son muchos motivos ocultos».

Por su parte, el gobierno local ha explicado que, «ante las numerosas quejas vecinales por el deficiente servicio de suministro de agua potable que ofrece la Cooperativa Valenciana El Plantío en La Canyada y las constantes averías que sufre su red de abastecimiento», el ayuntamiento pidió al Juzgado que instruye la causa abierta contra esta compañía la anulación de las medidas cautelares solicitadas por la suministradora con el objetivo de que el consistorio pudiera ocupar las instalaciones y comenzar a ofrecer a sus más de 3.500 usuarios paterneros el servicio de agua justo y eficiente que merecen.

«La compañía está operando sin concesión, ya que está prestando el servicio público de abastecimiento de agua potable sin contrato administrativo formal con el Ayuntamiento de Paterna, que es el órgano competente para la gestión de dicho servicio», afirma Nuria Campos. En este sentido, la edila ha sido tajante y ha indicado que «este equipo de gobierno va a velar por el cumplimiento de la legalidad en referencia a que la concesión, ya caducada tras pasar 50 años, no fue obtenida mediante el oportuno procedimiento de licitación pública que establece la legislación reguladora en materia de contratación administrativa».