La Fiscalía de Valencia ha solicitado al Juzgado de Paterna que abra diligencias y cite a declarar como investigado (anteriormente imputado) al alcalde Juan Antonio Sagredo al considerar que pudiera haber cometido un delito de prevaricación al mantener el sueldo a una concejala tránsfuga, que abandonó el grupo municipal del PP hace meses. El alcalde insistió en su postura, pese a contar con varios informes en contra del departamento de secretaría.

Fue una denuncia anónima la que llevó hasta la fiscalía provincial el caso. Todo arrancaba a finales de junio de 2017. M.ª Angeles Salvador, concejala del Partido Popular, decide abandonar el grupo y pasa a ser edila no adscrita. La regidora era uno de los cuatro concejales populares con dedicación exclusiva, a razón de 32.197 euros anuales, tal y como se aprobó en el pleno de julio de 2015. Salvador, pese a convertirse en tránsfuga, siguió percibiendo el mismo salario.

Dos semanas después de que el pleno diera conocimiento del trasvase de Salvador, la Oficina de Secretaría emitió un informe al respecto, donde advertía que «recientemente se ha retirado una de las dedicaciones concedidas en su días al grupo popular, sin que se haya especificado el apartado de los antedichos en el que se reubica». Asimismo, esta cuestión «ha de ser interpretada en esta comunidad autónoma bajo el prisma de lo señalado por el TSJCV, que niega la posibilidad de reconocer quehaceres y dedicaciones a concejales no adscritos si éstos conllevan un incremento de sus derechos políticos y económicos, respecto de su situación anterior, en coherencia con lo previsto en la Ley 7/1985». Por tanto, la Secretaria y el Oficial Mayor concluyen que «atendiendo al peculiar régimen con que este Ayuntamiento se ha dotado vía acuerdo plenario, los concejales no adscritos no podrían disfrutar de ninguna dedicación bajo la órbita de ningún grupo municipal».

El siguiente reparo, en agosto, lo formuló el área de Intervención al advertir al alcalde de la incidencia que supone que en la nómina «figure nuevamente la percepción de la retribución por dedicación exclusiva de una concejala que solicitó dejar su grupo (...) adquiriendo la condición de concejal no adscrita. A entender de esta Intervención el derecho a la percepción de dicha retribución cesó el 30 de junio, por lo que deberá iniciar un expediente de reintegro, siendo que la designación de la dedicación fue asignada al grupo al cual ahora no pertenece. No procede que se continúe con esta situación de hecho por la falta de pronunciamiento de los órganos competentes». En noviembre, el interventor volvió a reincidir en la irregularidad que a su parecer se estaba cometiendo.

Sagredo decidió en diciembre «regularizar» la situación ante «el escrito de observaciones formulado por el Jefe de Personal». El alcalde socialista firmó un decreto por el que refrendaba «los mismos derechos económicos y políticos» de los que disfrutaba Angeles Salvador desde el momento que dejó el PP. El dirigente sostenía en su argumentario que la concejala no lograba un lucro económico al abandonar el grupo popular, ya que «persiste exactamente la misma condición económica que le hubiese correspondido de haber seguido en el grupo de origen».

La Oficina de Secretaría remitió otro informe donde recordaba los reparos emitidos por Intervención respecto a las nóminas y aseguraba que la asignación del decreto de Sagredo «es una nueva dedicación, distinta de la que ostentaba bajo la órbita del grupo municipal Popular, cuyo otorgamiento exige una motivación» y que «deben justificarse los emolumentos en atención a tareas cuyo desempeño se le atribuye ahora, lo que, ha de ser justificado en el marco de los criterios de la jurisprudencia». Además respondía al alcalde, al considerar que la concejala ya tuviera un sueldo en el PP, el mismo que ahora, «no es suficiente pues no tiene en cuenta la necesidad de la previa existencia de un acto administrativo debidamente motivado en función de los quehaceres».

La situación derivó en una denuncia anónima que llegó tanto a la Fiscalía como a la Agencia Valenciana Antifraude. Ambas abrieron una investigación al comprobar «la existencia de indicios razonables de veracidad en los hechos comunicados», como que se regularizó mediante un decreto «una situación manifiestamente ilegal, con conocimiento de ello y manteniendo como perceptor del salario proveniente del erario público a quien no corresponde por no haber desaparecido la causa que motiva su concesión». Tanto Antifraude como Fiscalía remitieron sendas comunicaciones al ayuntamiento reclamando toda la documentación relacionada con el caso.

Ahora, la Fiscalía Provincial ha elaborado un escrito en el que, tras analizar toda la documentación pertinente, ha solicitado al partido judicial de Paterna que abra diligencias previas, el entender que los hechos descritos pudieran ser constitutivos de un posible delito de prevaricación, y cite como investigado a Sagredo. Además pide que declaren como testigos la secretaria municipal, el oficial mayor y los responsables de personal.