La guía de aplicación del Patricova presentada por la consellera de Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Maria José Salvador, no responde a la problemática real de la mayoría de municipios de l'Horta Sud que ven bloqueado su desarrollo urbanístico por el decreto estatal de dominio hidráulico y que les mantiene en pleito judicial.

Así lo aseguró Ramón Marí, alcalde de Albal y portavoz de los ocho consistorios (Alfafar, Albal, Aldaia, Manises, Massanassa, Picanya, Quart de Poblet y Xirivella) que mantienen un contencioso administrativo en el Tribunal Supremo en el que piden que se anule el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, que aprobó el Gobierno central por el que se modificaba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico vigente desde 1986.

«Esta guía plantea soluciones que afectan a la planificación, pero nuestro problema es que el plan general de nuestros municipios ya está desarrollado y cada vez que tenemos que pedir licencia de obra, aunque no nos afecte el Patricova, que ha dejado bien claro que es para las zonas no urbanas, sí nos afecta la normativa del Ministerio de Medio Ambiente, que es la que tiene bloqueando nuestro desarrollo urbanístico», explica Marí.

El alcalde de Albal confía en que el Supremo valore las pruebas presentadas en una primera vista celebrada hace unas semanas en Madrid , donde «llevamos a Juan Marco,de la Universidad Politécnica de València que también es uno de los redactores de la guía del Patricova, también a técnicos de nuestros municipios para intentar a ver si lo podemos solucionar, o qué instrumentos nos puede ofrecer el gobierno para solventar los problemas que generan a nuestros vecinos».

Indemnizaciones millonarias

Y es que Marí puso un caso concreto de su población que se puede trasladar a cualquier municipio de l'Horta Sud que ha presentado el contencioso. «Tenemos un plan general que recalifica 2 millones de metros cuadrados, un montón de gente que ha comprado solares a precios desorbitados, personas endeudadas por hacer una urbanización en los polígonos y unidades de ejecución para después hacer residenciales y ahora ¿a estos quién les indemniza? Yo creo que debería ser el Estado aunque yo creo que no se debe llegar a las indemnizaciones sino que hay que buscar soluciones intermedias que nos dé facilidades a los ayuntamientos».

Beniparrell, por ejemplo, es una de las localidades más afectadas por el nuevo mapa de inundabilidad ya que compró un solar por casi un millón de euros para construir el nuevo centro de salud y ahora la conselleria le deniega el permiso para construir porque está en suelo inundable. «Estamos trabajando para ver si puedo abrir una pequeña puerta para establecer una corrección en el proyecto que eme pueda facilitar usar ese solar sobre elque nuestro ayuntamiento hemos hecho una gran inversión», explica el alcalde Voro Masaroca, que además tiene en marcha la realización de su plan general de ordenacióin urbanística.