El Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana ha dado la razón a la familia del exalcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, en el litigio que mantiene con el ayuntamiento por la expropiación forzosa de un solar urbano situado en el barrio de Campamento. El juzgado obliga ahora al consistorio a comprar la parcela, de 710 metros, pero sin determinar la cantidad. Mientras la administración local tasa el suelo en 490.000 euros, la familia Agustí Pons se ciñe a la Hoja de Aprecio de 2014 en la que solicita un millón de euros.
Todo comienza en febrero de 2012. La familia presentó un escrito en el ayuntamiento, del que en aquel momento Lorenzo Agustí era alcalde, solicitando la expropiación «por ministerio de ley», de un solar de 710 metros cuadrados, clasificado en el PGOU de 1990 como suelo urbano y red viaria. La parcela en cuestión está incluida dentro de dos fincas que suman 1.352 metros cuadrados, en la calle Ernesto Ferrando, en el linde con la vía de metro.
En vistas de que el consistorio paternero no atendió la petición, los propietarios presentaron una Hoja de Aprecio en marzo de 2014, con una valoración de 1.062.531 euros. El ayuntamiento, comandado todavía por Agustí, siguió sin atender la reclamación, motivo por el que la familia acudió al Jurado provincial de Expropiaciones en julio del mismo año.
Los técnicos municipales emitieron entonces un informe en contra de la expropiación, bajo el argumento de que la parcela correspondía a un vial que los dueños debía ceder gratis. El Jurado de Expropiaciones hizo suya esta tesis afirmando en su resolución negativa que «se trata de un suelo urbano destinado a red viaria y que forma parte del ámbito del vial de servicio de la parcela colindante, delimitada por las calles Ernesto Ferrando y Circunvalación, suelo que el propietario está obligado a ceder al municipio para poder edificar en el solar correspondiente».
La propiedad decidió entonces pasar la batalla al ámbito judicial y presentó un contencioso administrativo contra la resolución negativa. Y hace unas semanas, la justicia ha dado la razón a Agustí, que es arquitecto de profesión, obligando al Ayuntamiento de Paterna a expropiar el solar de 710 metros cuadrados, pero sin entrar a cuantificar la indemnización.
Tras la sentencia, la arquitecta municipal elaboró en noviembre un informe en relación a la Hoja de Aprecio que presentó en 2014 la familia Agustí. La funcionaria especifica que se trata de suelo urbanizado sin edificación, y atendiendo a los criterios de aquella fecha, realizando diferentes cálculos y aplicando parámetros urbanísticos, estima que el valor de la parcela es de 466.360 euros, a 656 euros el metro cuadrado. Además, se debe sumar el premio de afección del 5% (23.318 euros), con lo que la tasación global del consistorio asciende a 489.678 euros.
Nueva alegación de los dueños
Pero el exalcalde Agustí se insiste en la Hoja de Aprecio de 2014. Así, los propietarios han presentado alegaciones en las que muestran su «discrepancia» con el informe municipal, al entender que «se aparta de los criterios legales y de la situación real de los terrenos en cuestión». Además, rechazan que se bareme el suelo a precio de vivienda protegida de 2014 (1.576 euros el metro cuadrado), ya que aseguran que los módulos VPO «únicamente resultan aplicables al suelo destinado a dicho uso, uso que no guarda ninguna relación con los terrenos expropiados y su entorno». En este sentido, los Agustí recuerdan que se trata del Ensanche de Paterna, con residencias diseñadas por el arquitecto Cortina, «todas ellas con un perfil de habitantes y viviendas de clase media-alta» y «resulta inadecuado e incorrecto utilizar módulos de VPO como valor de renta».
En todo caso, acuden a la jurisprudencia del Supremo para afirmar que aplicar vivienda protegida «únicamente se utilizará de forma subsidiaria cuando no sea posible determinar el valor por el método residual partiendo del valor del mercado». Y apuntan «errores» en «fechas» y «coeficientes» que llevan a «una inexacta definición del coste de obra o construcción».
Por todo ello, instan al consistorio socialista a que acepte la Hoja de Aprecio de 1.062.531 euros, sustentada en un informe «con datos de plena validez y solvencia».
Ahora el ayuntamiento ha de responder a las alegaciones y, bien aceptar la petición, o bien establecer otro precio. De no existir acuerdo, la familia puede seguir pleiteando, aunque la legislación le ofrece la posibilidad de reclamar por adelantado al consistorio la cifra aprobada. Y si se produce otro fallo a su favor, Agustí podrá reclamar intereses de demora. Este diario contactó ayer con el exalcalde quien rechazó hacer valoraciones del asunto por el momento.
