Vicente, un vecino de Massamagrell, litiga desde hace un par de años con una entidad bancaria por la no concesión de un préstamo promotor acordado de forma verbal, y que le ha ocasionado daños morales y físicos, además de que tanto su vivienda como la de su madre se encuentren en ejecución.
Todo comenzó en 2007. Vicente, profesional de la construcción, decidió promover un edificio de varias alturas en un solar de Massamagrell en el que estaba la vivienda de su madre y otras a medias con su hermano. Tras mantener varias conversaciones con el director de la entidad bancaria, tuvo que solicitar un crédito personal de 115.000 euros para comparse a su hermano la parte de la vivienda y ser propietario del terreno. Además, fue realizando las gestiones para la obtención de permisos de obras, proyecto y demás.
Durante los años siguientes, siempre con el objetivo de lograr un préstamo promotor con el que hacer frente a la obra, firmó dos créditos hipotecarios sobre su piso y el de su madre. Todo iba encaminado a ejecutar el proyecto, incluso apalabró la actuación con los construcctores y firmó los contratos de señalización de la venta de los pisos con los interesados.
Pero llegó la crisis, y con ella la negativa del banco a concederle el préstamo promotor que le permitiría hacer frente a la iniciativa. En este instante tenía sobre su espalda dos hipotecas y un crédito personal.
En 2016, Vicente presentó una denuncia en el juzgado de primera instancia de Valencia en la que reclamaba la nulidad de los créditos que había contraído con el banco al entender que estaban vinculados a la obtención del préstamo promotor, además de daños y perjuicios, y el lucro cesante por no haber podido ejecutar la promoción. La jueza estimó parcialmente la demanda. Rechazó la petición de nulidad al considerar que esas acciones estarían caducadas al haber superado los cuatro años desde su firma hasta la reclamación. En cambio, sí entiende la magistrada que la entidad bancaria incumplió el contrato causando daños al demandante. En total condenó al banco a abonar a Vicente y su madre 79.254 euros (por los gastos generados y los daños), más un interés anual desde la sentencia, lo que ascendería a unos 90.000 euros.
El afectado ha presentado un recurso de casación en el Supremo en el que solicita la nulidad de los créditos y el lucro cesante por no poder desarrollar la promoción, que una pericial calcula en más de 425.000 euros.
