Intu ha confiado en el bufete de abogados Clifford Chance para que lidere las acciones legales contra lo que considera una actuación completamente desviada de la Administración, y de sus responsables por el bloqueo de Puerto Mediterráneo. En este sentido, estudia iniciar nuevas acciones, no sólo en vía administrativa, sino también civiles y penales, como ha adelantado Levante-EMV este viernes, contra la Administración y contra los responsables políticos de las resoluciones administrativas. La compañía considera que las sucesivas trabas impuestas por la Administración pueden ser constitutivas de delitos de prevaricación administrativa del art. 404 del Código Penal, así como los posibles delitos de falsedad documental debido a las falsedades, según Intu, contenidas en los múltiples informes y resoluciones. Por su parte, la vicepresidenta Mónica Oltra insistió en la garantía de la seguridad jurídica que existe en la C. Valenciana y aseguró que el proyecto de Intu se estudia como cualquier otro, de entre los centenares que se presentan.
