El futuro Palacio de Justicia se construirá en Torrent, en la parcela reservada en el área de Parc Central, con la gestión directa del Ayuntamiento de Torrent. Esta jueves se ha ratificado la delegación de competencias por parte de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas al consistorio para ejecutar la tan esperada obra, por un presupuesto máximo de 17,5 millones de euros.
El ayuntamiento elevó en 2018 la petición a la conselleria como fórmula de acelerar la construcción de una infraestructura que lleva prometiéndose 10 años. En la resolución firmada el pasado septiembre y que se ha hecho efectiva este jueves, se indica que el consistorio justificó la petición «consciente del servicio público fundamental que supone que los ciudadanos tengan acceso a la justicia con una correcta dotación de infraestructuras» y por el «deber de colaboración entre las Administraciones públicas primando la cercanía de la entidad local».
La actuación será una obra de titularidad de la Generalitat Valenciana que se ejecuta sobre terrenos cedidos gratuitamente por el consistorio a la conselleria. La resolución faculta al Ayuntamiento de Torrent a contratar la redacción del proyecto, licitar, adjudicar y ejecutar las obras de construcción del Palacio de Justicia de la ciudad con determinadas condiciones.
Para empezar, el presupuesto máximo deberá ser de 17.487.806 euros incluidos los impuestos. Por el momento, ya están consignados 9.000 euros para cubrir la redacción del estudio geotérmico del terreno. El resto se cubrirá con una dotación plurianual de forma que en 2019 hay 284.000 euros para la redacción del proyecto y en los ejercicios 2020, 2021 y 2022, se establecerán las cantidades de 6,8 millones, ocho millones y 2,3 millones, respectivamente. También se prevé la posibilidad de realizar reajustes en función del gasto que realmente se realice en cada ejercicio.
La resolución establece también que si durante la adjudicación del proyecto se produjeran bajas, ese dinero quedaría en reserva ante posibles modificaciones e incrementos, así como proyectos complementarios para la misma sede judicial. Todos estos cambios tienen que autorizarse por la conselleria.
El sobrecoste, municipal
Respecto a posibles incrementos de gasto más allá de la cifra prevista, será el consistorio el que los asuma. Además, el ayuntamiento se compromete, una vez tenga el proyecto redactado, a poner en marcha la licitación de las obras en un máximo de tres meses. Y en los pagos, la conselleria hará transferencias al ayuntamiento de las cantidades justificadas. Cada fase deberá justificarse por parte de la insticuión local con certificaciones, actas y documentos de secretaría e intervención.
