Tres concejales de Ciudadanos Paterna han remitido un duro escrito al Protectorado de Fundaciones de la C. Valenciana, solicitando que los elimine como patronos de la Fundación para la Innovación de la Infancia, gestora del complejo de la superguardería del parque tecnológico, y les exima de cualquier posible responsabilidad, después de que durante el pleno de constitución del nuevo patronato de la entidad los tres ediles de Cs rechazarán formar parte del mismo, incluso abandonando la sesión plenaria.
La historia de la superguardería lleva coleando más de una década. En 2007, el ayuntamiento y el Instituto Tecnológico de la Construcción (Aidico) impulsaron al 50% la Fundación para la Innovación de la Infancia de la C. Valenciana. El proyecto estrella fue la construcción de una superguardería que permitiera conciliar la vida laboral de los empleados del Parque Tecnológico. El consistorio aportó una parcela municipal de 4.200 metros cuadrados. La financiación para su ejecución llegó através de créditos de Bankia, el IVF y la SGR. En 2013 se inauguraba el complejo, con la presencia de la infanta Elena. Apenas seis meses después, la fundación cerraba la instalación ahogada por las deudas.
Con el cambio de gobierno en 2015, el alcalde Juan Antonio Sagredo se propuso recuperar la superguardería. Para ello, entre otros trámites, había que renovar el patronato y pasar a controlar la fundación. En octubre de 2017, se celebra un pleno municipal exclusivamente para nombrar a los nuevos patronos. A la sesión, no asisten ni María Villajos ni Marisa Ferre (PP), que descartan formar parte. En el transcurso del pleno, tres ediles de Cs, Jorge Ochando, Laura Almagro y Miguel García, (Jorge Ibañez no pudo acudir) mostraron públicamente su rechazo a ser patronos de la fundación, entre otras razones, al conocer por boca del alcalde, su intención de que el ayuntamiento recupere el solar que cedió en su día a la fundación, por tanto patrimonio de la entidad, y de asumir la deuda contraída por el patronato, de unos 6,8 millones de euros. Cabe señalar, que el consistorio logró posteriormente una quita de 700.000 euros, más de los 800.000 euros del valor de la parcela, dejando la deuda en poco más de cinco millones.
De hecho, los tres ediles de Cs abandonaron la sesión tras rechazar convertirse en patronos, no llegando a participar de la votación que aceptó desafectar el solar del patrimonio de la fundación y asumir la deuda. El planteamiento inicial de Cs pasaba por pedir una acción de responsabilidad social que depurara quién debía hacer frente a los impagos.
A finales del pasado año, se aprobó crear una comisión de investigación sobre la gestión de la superguardería. Cs solicitó una copia del expediente completo para poder estudiarlo y acudir preparado a las sesión. Recibió la documentación ya en 2019, y fue cuando descubrieron que los tres ediles figuraban como patronos de la fundación. Inicialmente lo atribuyeron a un error, y se dirigieron al Protectorado de Fundaciones para aclararlo. El órgano rector lo corroboró: Ochando, García y Almagro fueron inscritos ante notario como patronos mediante una resolución fechada el 21 de diciembre de 2017.
Ante la situación creada, los tres concejales han remitido esta semana al Patronato de Fundaciones un escrito solicitando que «forma inmediata» elimine sus nombres como miembros de la Fundación para la Innovación de la Infancia, y que dicha eliminación adquiera efectos retroactivos, es decir, desde la inscripción. Los ediles quieren garantizarse «la ausencia de reponsabilidad» por cualquiera de las decisiones que ha tomado desde entonces la fundación, ya sea asumir la deuda, recuperar el solar u otras.
En el documento presentado ante el protectorado, los tres concejales de Ciudadanos sostienen que su inclusión como patronos se basa en una certificación del secretario de la fundación y firmada por el propio alcalde. «La referida certificación, es la que dio lugar a la tramitación e inscripción de la fundación en el Registro de Fundaciones» y dicha certificación «es falsa, contiene datos falsos que son de carácter general al incorporar la aceptación para formar parte del patronato» de los tres regidores, «configurándose como falsedad documental». Por ello, sostienen que al incorporarse «datos falsos» en la inscripción, «se deducen o pueden deducirse consecuencias de diferente naturaleza, en tanto que los actos inscritos en el Registro se presumen como válidos y el Protectorado los tomará en consideración para fundamentar sus decisiones».
Por ello, piden al Protectorado que «proceda a clarificar las responsabilidades» de quien/quienes han causado la situación, «tanto de carácter administrativo como de otro orden».
