El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha condenado al Ayuntamiento del Puig de Santa María a pagar 2.962.764,07 euros a una empresa de construcción en concepto de indemnización. La sentencia resuelve un recurso de segunda instancia en el que le da la razón a la firma demandante y obliga al consistorio a pagarle por daño emergente.
Para ejecutar el fallo, fuentes municipales indican el equipo de gobierno ha tenido que incorporar la previsión de gasto en los presupuestos municipales de 2019, como establece la legislación. La modificación se aprobó en el pleno municipal de esta semana con el voto favorable del PSOEy Compromís, en el gobierno, y del Partido Popular, en la oposición.
La alcaldesa Luisa Salvador asegura no compartir «las argumentaciones en base a las cuales se ha producido la estimación parcial de la sentencia», por lo que advierte de que seguirá «defendiendo el interés general de los habitantes del pueblo por los cauces legales que procedan». «Esto no evita que, ante la previsión de tener que cumplirla, nos hayamos visto obligados a modificar los presupuestos generales de 2019 para incluir en ellos este gasto tan enorme que, en el caso de no tener más remedio que hacerlo efectivo, infringiría un daño considerable», añade. «Si el PP no hubiera cometido esta pifia tan típica de su manera de gobernar, hoy no estaríamos ante esta situación tan dañina para los intereses de la ciudadanía», critican en el gobierno local del Puig.
El origen del litigio se remonta al año 2002. En aquel momento la corporación, encabezada por la alcaldesa María Alfonsa Vázquez, del PP, decidió vender mediante subasta a la empresa demandante una parcela en la playa incluida en un área pendiente de desarrollo y urbanización y le otorgó una licencia urbanística para actuar en dicho terreno.
Más adelante, en 2004, el alcalde socialista Joan Francesc Garcia anuló la licencia tras comprobar que incluía una volumetría mayor a la permitida. La empresa recurrió la decisión ante los tribunales y un juez dictó una sentencia respaldando la decisión de la corporación local. No obstante, en 2009, siendo alcalde José Miguel Tolosa, del PP, volvió a conceder una licencia urbanística a la firma para el proyecto.
Tres años más tarde, en 2012, en plena crisis, la empresa renunció a su proyecto urbanístico argumentando que la parcela tenía una servidumbre de una línea de media tensión. Por ello, acudió a los tribunales para demandar al consistorio por daños y lucro cesante, al interpretar que correspondía a la institución local retirar ese tendido.
Tras varias sentencias en las que se desestimaba la petición, la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana finalmente le ha dado parcialmente la razón a Construcciones Urbanas Teresa S.L.U. y condena al Ayuntamiento a indemnizarla con el pago de 2.962.764,07 euros.
