El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de València ha condenado al Ayuntamiento de Almàssera a abonar 7.425 euros a su alcalde Ramón Puchades, por los gastos procesales derivados de una querella penal por prevaricación administrativa que presentó el Partido Popular en 2017 contra el dirigente socialista, y que finalmente fue archivada a finales del citado año. Fue el propio Puchades el que llevó al consistorio ante los tribunales, tras rechazar el pleno municipal el pago de las costas.
El portavoz del PP de Almàssera, Emilio Belencoso, presentó una querella penal contra Ramón Puchades por un delito de prevaricación administrativa. El popular acusaba al socialista de adjudicar «a dedo» 162.859 euros «en contra» de los informes de Intervención. Entre la documentación aportada en el juzgado, el PP detallaba que las adjudicaciones correspondían a contrataciones por unos 27.000 euros que habían caducado pero a las que el consistorio continuaba recurriendo al no iniciar nuevos procesos -servicio de grúa o de suministro de combustible-; y a facturas por unos 120.000 euros por servicios sin contrato administrativo (compra de una fotocopiadora, una póliza de seguro o un espectáculo de fiestas, entre otro).
También apuntaba a más 10.000 euros en supuestos pagos irregulares de productividades con el informe desfavorable de Intervención por no «seguir criterios objetivos» para el pago de las mismas; y a la supuesta «irregularidad» del Plan de Servicios Sociales por el que el consistorio pagó a varias personas en riesgo de exclusión social por «trabajos voluntarios» durante las fiestas «sin darlas de alta en la Seguridad Social y sin contrato».
El juzgado de Primera Instancia número 3 de Moncada abrió una investigación al respecto y citó como investigado al alcalde Puchades. También pasaron a declarar como testigos por el Palacio de Justicia la interventora, la técnico de Servicios Sociales, el jefe de Policía y tres beneficiarios de la asistencia social, una de ellos a propuesta por la parte demandante del PP. De hecho, la interventora reconoció en su declaración los repartos al pago de facturas fuera de contrato, pero aseguró que los trabajos se habían realizado.
Con todas las declaraciones tomadas y el resto de documentación sobre la mesa, el juez dictó el sobreseimiento de la causa al determinar que para que una actuación sea considerada prevaricación no es suficiente «la mera ilegalidad sino la arbitrariedad», y que las decisiones sobre las que se sustentó la denuncia son prácticas que también existían en otros mandatos, con gobiernos diferentes.
Tras el archivo, Ramón Puchades solicitó al ayuntamiento el abono de las costas procesales de su defensa, que ascendían a 7.425 euros. La petición estaba avalada por sendos informes favorables de Intervención y Secretaria. Sólo faltaba la luz verde del pleno municipal. Pero en la sesión plenaria del 26 de marzo de 2018, los votos en contra de PP, Units x Almàssera y Almàssera sí Puede tumbaron el pago. Puchades se abstuvo.
El alcalde decidió entonces demandar a su propio ayuntamiento a través de un contencioso administrativo, en el que impugnaba el acuerdo plenario. En su demanda, el dirigente socialista recordaba que tanto la Ley de Bases del Régimen Local como el Reglamento de Ordenación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, además de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, reconocen que un representante municipal tiene derecho a ser indemnizado en procesos judiciales derivados de su gestión.
La parte demandada, tanto el ayuntamiento como Emilio Belencoso, mostraron su oposición al contencioso pidiendo su desestimación, aunque no presentaron alegación alguna contra la impugnación del pleno, sino que se remitieron al expediente administrativo y explicaron que no abonar los gastos procesales del alcalde era una decisión tomada por la mayoría de los componentes del pleno municipal.
Falta de motivación del pleno
El juez en un fallo al que ha tenido acceso este diario, ha resuelto estimar el recurso del alcalde al apreciar que su reclamación «se basa en hechos claros» y que «no han sido impugnados». Además, sentencia que el pleno debe ser anulado por «falta de motivación», ya que la sesión plenaria rechazó la petición Ramón Puchades «sin indicar los motivos». Por todo ello, el juzgado reconoce el derecho del alcalde a recibir una indemnización del consistorio de 7.425 euros en concepto de los gastos de defensa por la querella del PP, además de imponer las costas a la parte demandante, unos 2.000 euros.
