Aunque la convocatoria de elecciones generales, que anunciaba el pasado viernes el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, deja un escenario incierto, la asociación de vecinos de la Canyada prosigue su batalla contra las sanciones que, en base a la Ley Mordaza, se impusieron a sus activistas por tratar de impedir la poda de un eucalipto monumental y también en defensa del arbolado de esta zona residencial.
De este modo y aprovechando la visita del diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, a la Canyada la semana pasada para conocer in situ los problemas que generará una ampliación de la A-7 en el término de Paterna (el representante nacionalista se reunió con la asociación de vecinos y con la agrupación empresarial Asivalco, los activistas también le pidieron su apoyo para llevar el asunto de las multas al congreso.
"Si la semana que viene hay sesión de control al Gobierno, le entregaré personalmente en mano al ministro Marlasca vuestro dossier", dijo Baldoví a los representantes de la asociación de vecinos, que lucían pancartas contra el segundo by-pass pero también contra la Ley Mordaza. Representantes de la AVV reconocían ayer, no obstante, que desconocen cómo va a afectar la convocatoria de elecciones al ritmo del Congreso de los Diputados "y si la comisión para estudiar la Ley Mordaza seguirá".
El conflicto de la entidad con esta polémica ley se remonta a hace casi un año. A finales de abril de 2018, activistas de la AVV acudieron a protestar por la posible tala de un eucalipto monumental (el consistorio defendía que solo era una poda) y su acción provocó que se llamara a técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente. El consistorio defendía que el árbol podía caerse porque el dueño del chalet colindante realizó obras sin licencia en las que cortó parte de las raíces lo que provocó que perdiera supuestamente estabilidad.
La Junta de Barrio de la Canyada lleva años tramitando quejas por la desaparición paulatina de árboles en la zona urbana ya que, "ante cualquier problema que se produce, la situación siempre es la tala". De hecho, la Mesa de Arbolado constituida en su seno había contabilizado en sus trabajos la desaparición de más 500 ejemplares en unos años sin que exista información y control de dónde se replantan los tres que la ordenanza obliga a poner.
Con este escenario, operarios de la empresa municipal Gespa habían acudido a la zona a intervenir en el árbol y un grupo de activistas de la AVV trató de impedirlo. Fuentes municipales aseguraron ese día que la actuación se posponía para estudiar mejor el asunto, una vez se tenía la valoración de los técnicos de la conselleria. Pero los trabajos se reemprendieron y culminaron al día siguiente sin previo aviso, en medio de un fuerte dispositivo policial.
Para sorpresa de la asociación de vecinos, no solo, cinco meses después seis de sus integrantes comenzaron a recibir la comunicación de sanciones de 600 euros de la Delegación del Gobierno, a raíz de la denuncia que, un mes después de los hechos, había elevado la Policía Local de Paterna. Las multas se les aplicaban en base a la Ley Mordaza.
