El equipo de gobierno de la Pobla de Farnals encara el final de la legislatura con el convencimiento de haber hecho una buena gestión al frente del consistorio pese a las piedras en el camino que se ha ido encontrado. Entre ellas, el ejecutivo que dirige el alcalde socialista Enric Palanca ha tenido que hacer frente a cuatro sentencias derivadas de conflictos urbanísticos anteriores y que suponen un desembolso de más de 1,56 millones de euros, cantidad que representa más del 25% del presupuesto anual del municipio, situado en torno a los seis millones de euros.
El proceso judicial más costoso supera los 1,3 millones de euros y arrancó en el año 2010. El propietario de una parcela esquinera entre las avenidas Neptuno y Constitución, en la zona de la Pobla playa, solicitó la expropiación forzosa de un suelo calificado como dotacional, tras pasar el tiempo pertinente para que el ayuntamiento comprara el terreno. En plena crisis del ladrillo, la administración municipal dejó la petición en el cajón. El dueño acudió al juzgado, que en 2015 estimó parcialmente su recurso, fijando el justiprecio del solar en 1.108.091 euros -el demandante reclamaba 2,2 millones-, más los intereses que alcanzan los 200.000 euros.
Otra familia emprendió en 2011 un litigio contra el ayuntamiento con motivo del convenio urbanístico firmado entre las partes en julio del año 2000. Los afectados reclamaban en el juzgado el pago de 135.227 euros. En primera instancia, en marzo de 2015, se desestimó el recurso, aunque la apelación sí fue aceptada por el Tribunal Superior de Justicia, que condenó al consistorio a indemnizar a la familia con la cantidad que exigía, más 82.000 euros de los intereses desde el año 2003.
En el año 2008, una empresa solicitó licencia de ocupación de un terreno en la zona marítima del municipio. Una sentencia se la concedió en 2011 por silencio administrativo. Tras este fallo, la mercantil inició otra demanda en la que exigía al consistorio más de 91.000 euros como responsabilidad patrimonial, cantidad que logra en primera instancia, aunque en el posterior recurso de apelación, el ayuntamiento consigue rebajar la indemnización a 18.000 euros.
El último fallo está fechado en julio de 2016, cuando el juzgado de lo contencioso administrativo número tres de València condenó al ayuntamiento de la Pobla a indemnizar con más de 26.500 euros a una constructora que reclamó el pago de intereses de demora por las obras realizadas en los vestuarios del polideportivo. El consistorio logró compensar la indemnización con el importe de las reparaciones de los defectos de los que adolecía la obra ejecutada por la mercantil.
Esquiva un caso de 3,1 millones
Por suerte, el contencioso que emprendió una promotora por la reclamación de Responsabilidad Patrimonial de más de 3,1 millones de euros, fue archivada en marzo de 2017, evitando un auténtico agujero financiero para las arcas municipales de la Pobla de Farnals.
