La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Paterna ha citado a declarar como investigado al alcalde Juan Antonio Sagredo el próximo 15 de abril, por la causa que se mantiene abierta por el sueldo que percibe la concejala del grupo de no adscritos MªÁngeles Salvador en contra de los criterios de Intervención y Secretaría. Con esta nueva imputación, ya son tres las que acumula el dirigente socialista tras los casos de Halloween, por el ya que declaró como investigado el pasado 19 de febrero, y por la querella que presentó el exalcalde popular Lorenzo Agustí contra Sagredo por un delito de calumnias.
En junio de 2017, M.ª Ángeles Salvador decidió abandonar el grupo municipal del Partido Popular, pero conservando su acta y pasando como tránsfuga al grupo de no adscritos. La regidora era uno de los cuatro concejales populares con dedicación exclusiva, a razón de 32.197 euros anuales. Dos semanas después de la renuncia oficial, Secretaría emitió un primer informe en el que advertía al alcalde de que había retirado una de las dedicaciones concedidas al PP pasando a la tránsfuga, y puntualizaba que el caso de Salvador «ha de ser interpretado en esta comunidad autónoma bajo el prisma de lo señalado por el TSJCV, que niega la posibilidad de reconocer quehaceres y dedicaciones a concejales no adscritos si éstos conllevan un incremento de sus derechos políticos y económicos, respecto de su situación anterior». Por tanto, la Secretaria y el Oficial Mayor concluían que los tránsfugas «no podrían disfrutar de ninguna dedicación bajo la órbita de ningún grupo municipal».
La concejala siguió percibiendo el salario, pese a que Intervención insistió en sus reparos, incluso planteando que la afectada debería reintegrar las retribuciones. Finalmente, en noviembre de 2017, Sagredo firmaba un decreto en el que «regularizaba» la situación de la tránsfuga a instancias del escrito de observaciones del Jefe de Personal. El alcalde refrendaba «los mismos derechos económicos y políticos» de los que disfrutaba la concejala desde el momento que dejó el PP. El socialista argumentaba que la edila no lograba un lucro económico al abandonar el PP, ya que «persiste exactamente la misma condición económica que le hubiese correspondido de haber seguido en el grupo de origen».
Secretaría respondió recordando los reparos de Intervención y aseverando que la asignación mediante el decreto de Sagredo, es «una nueva dedicación, distinta» a la que percibía en el PP, y la actual «exige una motivación» y que «deben justificarse los emolumentos en atención a tareas cuyo desempeño se le atribuye ahora». Por ello, concluía que la concejala «debió perder la dedicación con la que contaba» al pasar a no adscritos.
Una denuncia anónima puso el caso en conocimiento de la Fiscalía y a la Agencia Antifraude. Ambas abrieron una investigación, asegurando que Sagredo regularizó «una situación manifiestamente ilegal, con conocimiento de ello y manteniendo como perceptor del salario proveniente del erario público a quien no corresponde por no haber desaparecido la causa que motiva su concesión».
Dos citaciones aplazadas
La fiscalía solicitó al juzgado que abriera diligencias, al entender que Sagredo pudo incurrir en un delito de prevaricación y que citara al alcalde a declarar como investigado. También pedía que testificaran como testigos la secretaria municipal, el oficial mayor y los responsables de personal. La jueza aceptó las tesis del fiscal, excepto la referente al alcalde. Así, fijó para el 27 de diciembre la declaración de los testigos, circunstancia que no se produjo por las alegaciones de la defensa de Sagredo.
La magistrada trasladó entonces las declaraciones al 11 de marzo. La defensa de Sagredo trató de nuevo de dilatar el proceso pidiendo hace unas semanas la suspensión de las testificales, bajo el argumento de que el letrado tenía ese día un juicio en València. La jueza volvió a aceptar otro aplazamiento y fechó la vista para el dos de abril, pero a cambio, decidió no esperar al resultado de las declaraciones y citó ya al alcalde a declarar como investigado el 15 de abril, lunes santo y en plena campaña electoral de las generales.
