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Antifraude investiga el contrato del PP de Paiporta a Sedesa por un millón

La empresa de los Cotino tenía que emplear a 118 personas para ampliar un vial y solo contrató a 13

Antifraude investiga el contrato del PP de Paiporta a Sedesa por un millón

La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto una investigación sobre el contrato que en el año 2009 formalizó el Ayuntamiento de Paiporta, gobernado entonces por el Partido Popular y con el abogado Vicente Ibor como alcalde, con la empresa Sedesa, vinculada a la familia Cotino, para la ampliación de un vial junto al barranco, la calle Sant Jordi, que tuvo un presupuesto superior al millón de euros. La investigación pretende esclarecer si hubo incumplimiento contractual, ya que una de las condiciones por las que se le adjudicó la obra en el concurso público era la contratación de 118 personas (97 de las cuales serían nuevas y el resto de la plantilla de la empresa) pero solo justificó haber empleado a 13 personas.

Antifraude ha tomado la decisión de abrir una investigación, después de estudiar la denuncia y la documentación que hace seis meses remitió el actual equipo de gobierno local, liderado por Compromís. El objetivo es esclarecer si se produjo ese incumplimiento y las razones por las que el consistorio no actuó aplicando las cláusulas administrativas particulares del pliego que había ganado la empresa, que podían suponer o la rescisión del contrato o una penalización.

El Ayuntamiento de Paiporta se acogió en 2009 al llamado Plan Zapatero, por el que el Gobierno de España financió miles de obras en los municipios, con la intención de estimular el empleo, además de ayudar en mejoras urbanas en las poblaciones. De ahí que una de las cláusulas que más se valoraba en el concurso (45 puntos) era la contratación de personas. La obra se adjudicó a Sedesa por presentar la mejor oferta por 1.066.128,33 euros, un porcentaje elevado para una inversión del presupuesto municipal, que ronda los 15 millones de euros.

Según la denuncia a Antifraude, Sedesa «obtuvo la máxima puntuación en la valoración de la mano de obra y esta circunstancia resultó definitiva para que se le adjudicara». El contrato se firmó el 22 de mayo de 2009.

Al menos en cuatro de las cláusulas administrativas se hacía referencia a la contratación de personal (la adjudicataria había de acudir al 'Servicio de empleo de Paiporta' en primera instancia) o a las penalizaciones.

En la denuncia consta que el alcalde de la época Vicente Ibor firmó el 19 de julio de 2010 dos requerimientos (a Sedesa y a la dirección de obra) en los que reclamaba explicaciones por un nivel tan bajo de contrataciones. Sedesa no contestó y meses más tarde comunicó al consistorio un cambio en su denominación.

La denuncia del consistorio incide en que tampoco el gobierno local de la época ejecutó el aval que había depositado la empresa antes de comenzar la obra, como es preceptivo, en compensación por el presunto incumplimiento de contrato. De hecho, el 12 de febrero de 2012 la Junta de Gobierno Local aprobó devolverle el aval.

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