Nueve familias residentes en un edificio de Paterna están en un sin vivir desde el pasado 19 de febrero, día en el que se les citó a un juicio por ejecución hipotecaria en el que la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) había demandado por impagos al promotor del edificio para quedarse con el inmueble. Los afectados aseguran que se va a cometer una injusticia, sobre todo porque están al corriente de todos los pagos.
En 2010, la promotora concluía un bloque de diez viviendas en la calle Vicente Morte de Paterna. Desde un primer momento se estableció un régimen de alquiler. Y así están todos los pisos, excepto uno que fue vendido años después. Así, nueve familias -en total serán una treintena de personas-figuran como inquilinos. Van al día con los pagos, de cantidades que oscilan entre los 300 y los 600 euros, en función del tamaño de los inmuebles. Tampoco hay impagos de luz y agua.
Pero en unas semanas pueden verse en la calle. A principios de febrero, los arrendatarios recibieron una notificación para acudir a una vista de enjuiciamiento civil. Acudieron todos, aunque la mayoría no sabía realmente a qué iban. La Sareb había demando a la empresa propietaria por una ejecución hipotecaria y tiene como objetivo desalojar a todos los inquilinos.
Uno de los residentes afectados es Francisco Martínez. Tiene 62 años, está prejubilado desde hace una década, tras una vida a pie de obra como albañil. Llegó a Paterna hace media docena de años procedente de Casinos. Siempre ha estado de alquiler y no ha incumplido ni un solo pago. «Todos los meses cumplo con el recibo de más de 300 euros, más luz y agua, y tengo una pensión de 640 euros de jubilado», explica, antes de admitir que los vecinos le ayudan con comida. «Me quito de comer, pero pago. Estoy al día», revela.
Al parecer, según los vecinos, se subastó el edificio y el propietario actual quiere desalojar a todos los inquilinos. «Creemos que ha habido algunas irregularidades en el proceso, ya que se especificaba que el edificio no tiene luz, ni agua, y que tiene muchos desperfectos. En ruina dicen que está», señala Alberto, otro inquilino desde hace dos años. Este diario pudo comprobar que el edificio está en perfectas condiciones, ascensor y garajes incluidos. «Estamos esperando que el juez se pronuncie, y si da la razón al banco nos dejarán poco más de un mes para que nos marchemos», dice Alberto, que advierte que «aquí hay gente mayor, algunos sin familia, y que pueden verse en la calle».
Entre los inquilinos también está Concepción, de 76 años y con movilidad reducida a causa de un ictus. Sus hijos se turnan para cuidarla. «Cuando fuimos al juzgado pensamos que era para un cambio de cuenta o algo así, no para echarnos», afirma Mª Carmen, hija de la anciana. «Esto es una injusticia. Como echen a mi madre de aquí, soy capaz de montar una tienda de campaña en la puerta del ayuntamiento», advierte. Los afectados plantearon a la entidad seguir como inquilinos. «No quieren negociar, solo que nos marchemos», asegura Francisco.
