El presidente de la Mancomunitat l'Horta Sud, Carlos F. Bielsa, confirmó este jueves que la entidad supramunicipal no prorrogará el contrato des fotorrojos, que venció el 28 de febrero tras cuatro años en funcionamiento.
El dirigente reveló que ningún alcalde le ha pedido que las cámaras se mantuvieran y explicó que el balance del sistema sancionador por saltarse el semáforo en rojo, ha sido de 68.000 denuncias y cerca de cinco millones de euros de ingresos, que han ido a parar a cinco los municipios que tenían las cámaras: Catarroja, Picanya, Beniparrell, Sedaví y Massanassa. «No estamos para multar a las personas, sino para ayudarlas», insitió Bielsa.
El pasado 28 de febrero se ponía fin al contrato que la Mancomunitat de l'Horta Sud firmó con la empresa que gestiona los semáforos sancionadores en estas cinco localidades en diciembre de 2014 y hasta diciembre de 2018. Pero Soledad Ramón (PP), la entonces presidenta de la Mancomunitat además de alcaldesa de Catarroja, amplió hasta el 28 de febrero de 2019 justo un mes antes de las elecciones de 2015 en las que no fue reelegida.
Los fotorrojos ha sido un calvario para los gobiernos que salieron de las urnas en 2015, que se vieron involucrados en un contrato, suscrito entre la Mancomunitat de l'Horta Sud y la empresa concesionaria, que ellos no firmaron y que han intentado rescindir aunque sin éxito.
El cabecilla de esta cruzada ha sido catarroja, con el alcalde Jesús Monzó (Compromís) al frente, ya que es el municipio más afectado pues fue su anterior alcaldesa, del PP, la impulsora de este contrato y el consistorio que más cámaras colocó.
Catarroja ha intentado rescindir este contrato en los tribunales. El ayuntamiento intentó aprovechar una sentencia de noviembre de 2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valencia, que decretaba la nulidad de las sanciones de 200 euros y detracción de 4 puntos impuestas por este municipio a un automovilista, para que el Tribunal Supremo declarase que los dispositivos «no están sometidos al control metrológico del Estado por no existir Directivas o reglamentos comunitarios ni normativa española que impongan o exijan dicho control metrólogico del Estado». Recurso que, sin embargo, no admitió el TSJ.
Otra de las medidas tomadas apenas tres meses después de implantarse el sistema al ver la avalancha de multas fue la decisión de los cinco ayuntamientos afectados de incrementar el tiempo de la fase ámbar de los semáforos para intentar reducir las multas. Así, por ejemplo, Beniparrell aumentó de los 2.8 segundos, el mínimo que permite la ley, hasta los 5 y Catarroja lo incrementó hasta los 4 segundos. Una medida que logró reducir el número de sanciones aunque siguieron siendo bastante elevadas en 2016 con el retardo aplicado que en el resto de municipios del servicio.
La Mancomunitat de l'Horta Nord adjudicó hace menos de un año a la empresa Vialine, la gestión de las sanciones de tráfico y otras ordenanzas municipales. Este sistema proponía a los municipios poder disfrutar de un amplio catálogo de servicios entre los que se encontraban las cámaras OCR, más conocidas como fotorrojos. Sin embargo, los alcaldes y alcaldesas de los municipios adheridos a este sistema mancomunado como La Pobla de Farnals, Puçol, El Puig, Museros, Massamagrell o Rafelbunyol se negaron a instalar estas cámaras sancionadoras sobre todo tras comprobar la mala experiencia de sus vecinos de l'Horta Sud.
