El Partido Popular de Benetússer ha denunciado que el actual gobierno formado por el tripartito PSPV-Compromís-EU no ofrece un servicio jurídico gratuito para asesorar a mujeres víctimas de violencia de género, después de que echaran y no sustituyera a la abogada asesora de estos casos que sí existía en la anterior legislatura con el PP al frente.
Laura Chulià, exalcaldesa del PP y candidata para las próximas elecciones, ha explicado que «Sanz, y sus compañeros de viaje de Compromís y Esquerra Unida, han dejado tiradas a las mujeres maltratadas de Benetússer durante toda la legislatura al retirar el servicio de atención jurídica gratuita que el PP mantuvo durante los cuatro años que estuvo al frente del ayuntamiento».
Según la formación popular, durante los cuatro años que Laura Chulià fue alcaldesa, 152 mujeres utilizaron este servicio de forma gratuita. En el año 2012 se atendió a 42 mujeres que nunca habían utilizado el servicio, en 2013 a 58 mujeres, en 2014 a 36 mujeres que nunca habían utilizado el servicio y en 2015 a 16.
Según los informes de la letrada que atendía a estas mujeres, el trabajo que se realizaba iba desde el asesoramiento hasta las consultas de los expedientes abiertos en los juzgados, las reclamaciones de las indemnizaciones fijadas en las sentencias, las ejecuciones de las sentencias o, como no, acompañarlas al juzgado.
«Ante las cifras de la vergüenza, que terminaron 2018 con 47 mujeres asesinadas y que en lo que llevamos de 2019 ya son ocho, me pregunto cómo piensa justificar Sanz el abandono a estas víctimas de violencia de género. No puede, aunque estaría bien que por una vez deje la demagogia y haga algo», señala Chulià.
«El PP eliminó a la técnica»
En el gobierno de Benetússer han recibido esta denuncia con sorpresa puesto que la persona que hacía de asesora jurídica en la legislatura del PP estaba en una situación irregular.
«Antes de que entrara el PP en el 2011 había una técnica de Igualdad que eliminaron para contratar a dedo, sin ningún proceso de selección y sin pasar por ninguna comisión a Rosa Prieto, la hermana de la entonces concejala de Cultura Encarna Prieto, y que actualmente es concejala del PP. Y no solo eso, sino que al entrar en 2015 en el gobierno revisamos facturas y vimos que esta abogada se había embolsado más de 100.000 euros en los cuatro años que estuvo realizándo las labores de asesoramiento jurídico», explica la concejala de Igualdad, Ana Martín Valero.
En ese sentido, Martín reconoce que no tiene actualmente servicio jurídico «porque hasta hace poco no teníamos las competencia los ayuntamientos en esta materia pero ahora ya las tenemos y hemos hecho las bases para sacar la plaza a oposición, tal y como marca la Ley,», explica.
Derivadas a València
La concejala afirma que de momento las mujeres víctimas de violencia de género están siendo tratadas en servicios sociales, «y si requieren asesoramiento las derivamos al Centre de la Dona en València» y lamenta que «la técnica que se cargó el PP era abogada y podría asesorar perfectamente, pero amortizaron la plaza y no la pudimos recuperar».
