La Audiencia Provincial de València ha condenado a un funcionario interino del Ayuntamiento de Puçol a una pena de dos años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos tras reconocer el propio acusado que sisó durante años parte del dinero que los jubilados pagaban, en la cafetería y por las clases de baile, en el Centro Especializado de Atención a Mayores de la localidad.
El condenado, de 49 años y nacionalidad española, desempeñaba el cargo de conserje de dicho centro para mayores, dependiente del Ayuntamiento de Puçol. Así, entre sus funciones estaba la de cobrar por los servicios de cafetería y de los talleres de baile que abonaban los jubilados. Según ha quedado acreditado, durante los años 2013 y 2016 el acusado dejó de ingresar en la cuenta municipal un importe total de 18.392 euros, dinero que destinó a su propio beneficio.
Inicialmente el Ministerio Fiscal solicitaba para el acusado una pena de cuatro años de prisión y una inhabilitación especial por un tiempo de ocho años por el delito de malversación de caudales públicos. No obstante, antes de que llegara a conformarse el jurado popular que debía dirimir sobre su culpabilidad o no, las partes llegaron a un acuerdo de conformidad por el que veía rebajada la pena solicitada a la mitad.
El procesado admitió su responsabilidad y confesó los hechos. Concretamente cobró 12.086 euros por el servicio de cafetería y 6.306 euros por las clases de baile a las que asistían los mayores en el centro de Puçol, «disponiendo en beneficio propio del dinero conseguido, sin que, hasta la fecha haya integrado el mismo», según se recoge en el escrito de calificación del fiscal.
Dichas cantidades debían de ser abonadas en la cuenta corriente del Ayuntamiento, cosa que no hizo el ahora condenado.
Se le suspende la pena
Al tratarse de un funcionario público y de hechos constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, la causa que inicialmente instruyó el Juzgado de Instrucción número dos de Massamagrell, pasó en 2017 al procedimiento del Tribunal de Jurado. Tanto las acusaciones como la defensa del procesado llegaron este mes a un acuerdo de conformidad por el que el conserje del Centro Especializado de Atención a Mayores de Puçol reconocía los hechos y aceptaba una pena de dos años de prisión.
Al carecer de antecedentes penales y ser una pena no superior a los dos años de prisión, la Sala se ha pronunciado a favor de suspenderle la condena, de ahí que finalmente el funcionario no tenga que pisar la prisión. Eso sí, la sentencia acarrea una inhabilitación especial para cargo o empleo público -pierde su puesto de trabajo en el que estaba como interino- y deberá indemnizar al Ayuntamiento de Puçol con los 18.392 euros de los que se apropió.
Los testigos citados al juicio, entre los que estaban varios concejales del Ayuntamiento de Puçol y la jefa del Servicio de Recursos Humanos y Técnica de la Administración General del consistorio de Puçol, no tuvieron que entrar finalmente a juicio.
Entre las pruebas documentales con las que contaban las acusaciones está el informe de la Intervención y Tesorería del Ayuntamiento de Puçol, el expediente disciplinario que abrieron al conserje del centro de mayores, las cuentas bancarias municipales del Banco Sabadell donde tenían que haber efectuado los ingresos por los pagos de la cafetería y los talleres de baile, así como un completo informe pericial contable. A tenor de todo ello y para eludir su entrada en prisión, el acusado acabó declarándose autor del delito que se le atribuía.
