Pese haber dejado atrás el temporal de la fuerte crisis económica, sus coletazos siguen causando estragos en las familias de l'Horta, en forma de desahucios y desalojos y en otros problemas relacionados con la vivienda. En los últimos meses, el goteo de casos es constante, convirtiendo el problema habitacional en uno de los principales quebraderos de cabeza de los Servicios Sociales de los ayuntamientos. Casos particulares y otros colectivos están en las agendas de la administración.
En Paterna, diecisiete familias están abocadas al desalojo de sus viviendas tras el proceso juidicial que inició la Sareb (conocido como el banco malo) hace unos meses, al hacerse con los inmuebles por las deudas de las promotoras. Por un lado, el juez ya ha comunicado a nueve inquilinos de un edificio de la avenida Vicente Mortes que no tienen derecho a seguir con el alquiler (que pagaban cada mes) porque el antiguo dueño no registró los contratos en el Registro de la Propiedad. Ahora están a la espera de que se les notifique la fecha concreta para su marcha. En la misma situación se encuentran los residentes de ocho pisos de una finca de la calle Francisco de Borja, aunque en este caso el juicio está fijado para mayo.
Por este motivo, el portavoz de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Paterna Javier Parra anuncia movilizaciones para el día 24 de abril, en defensa de los vecinos y vecinas afectados. Además, el concejal se ha puesto con contacto con la Sareb y ha reclamado una reunión urgente en la que estén también presentes los vecinos y el alcalde de Paterna, para tratar de regularizar la situación y que los afectados sigan en sus viviendas, posibilidad que también ha dejado abierta el banco malo. Cabe recordar, que EU denunció que la venta de los pisos de la Sareb a un fondo buitre se basó en «informes falsos» para fijar precios muy bajos, asegurando que no tenían luz, agua o gas, detalles que no se ajustan a la realidad como comprobó este diario.
También en esta ciudad se da otro problema de vivienda derivado del mal estado de la llamada Finca Amarilla, con 40 pisos que estaban mayoritariamente ocupados de forma irregular aunque algunos inquilinos eran propietarios. Finalmente el consistorio ha desalojado el inmueble porque amenazada ruina aunque una de las propietarias aún batalla para recibir una ayuda social que le reconocían los informes.
En Massanassa, Coraima y su familia lograron hace unas semanas una moratoria de cuatro meses para que la Entitat d'Habitatge y Sòl le adjudique un piso social. La joven estuvo al borde del desalojo, paralizado a última hora con la intervención del ayuntamiento y de la PAH. La chica, casada y con dos hijos de 3 y 6 años, tenía una orden judicial de abandonar la casa propiedad de un banco y que ocupó ilegalmente, pese a los intentos de negociar con la entidad un alquiler social.
Procesos desahucio
En Alaquàs, donde existe un rídido protocolo antidesahucio fruto de la colaboración del consistorio con las entidades que ayudan a las familias por el que se intenta que no culminen los desalojos, hace semanas se produjo uno de estos alzamientos, lo que generó una fuerte conmoción entre las personas que asistieron.
Pero los problemas de vivienda no solo están causados por ordenes de desalojo. También a la imposibilidad de acceder a un piso social. En Puçol, el ayuntamiento tiene vacías 8 de sus 29 viviendas para alquiler social. De los ochos inmuebles, cinco estan pendinetes de rehabilitar, mientras que el resto estaban ocupadas hasta hace pocos días. En este sentido, en 2013 se aprobó una partida de 80.000 euros para adecuar dichos pisos, pero no se ha ejecutado nada, como denuncia Ara Puçol.
Y mientras, el consistorio ha recibido 22 solicitudes para una vivienda social entre 2015 y 2017. En este sentido, la concejala Ana Gómez asegura que en los próximos días se publicará el edicto con los inmuebles disponibles y se procederá a realizar una comisión de valoración para asignarlos a los demandantes, «tres en 2018», apuntó la edila socialista.
