El conflicto que, desde hace casi una década, enfrenta a un centro hípico de Torrent con parte de los residentes de su entorno, ha registrado un nuevo capítulo. El negocio ha perdido un proceso judicial (de los varios que hay en marcha actualmente) contra la familia que tiene la casa y terrenos que lindan con su zona trasera, de forma que estos propietarios han podido vallar las parcelas, lo que impide la entrada a uno de los accesos que habilitó el centro, según consta en la documentación a la que ha accedido Levante-EMV.
Hace años ya se produjo un conflicto vecinal para intentar que la hípica cerrara hasta tener las licencias y el consistorio llegó a dictar la orden de clausura aunque finalmente el negocio logró la Declaración de Interés Comunitario (DIC), un trámite precepotivo para la posterior licencia, y sigue en marcha.
Y en 2013, a raíz de un conflicto en el que hubo de intervenir la Guardia Civil, la familia solicitó vallar sus terrenos para evitar que accedieran los usuarios de la hípica y tuvo que litigiar inicialmente con el Catastro, que en la revisión anterior había convertido el suelo en un camino de acceso público. Tras demostrar la propiedad y reconocer el Catastro el error (como consta en la resolución del 15 de enero de 2015), la familia pidió licencia de obras para reponer un muro y colocar dos vallados, que le fue concedida por el ayuntamiento. En ese momento pudo ejecutar parte de la obra pero la principal se paralizó por una medida cautelar que dictó el juzgado, al haber presentado los dueños de la hípica un recurso contencioso-administrativo contra la decisión municipal.
Una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de València, con fecha de 9 de noviembre de 2018, desestimó el recurso y al no presentarse ninguna apelación, el fallo fue firme el 16 de enero de 2019, como también consta en la documentación consultada por este diario.
Por ello, la familia propietaria de la casa en la zona trasera de la hípica y del solar anexo procedió a continuar la obra colocando un vallado provisional que, en la práctica, impide que los usuarios entren por una de las puertas de la hípica. «Era nuestro derecho porque es nuestra casa», indican. Esta entrada es la que continúa al acceso que los responsables del negocio construyeron y urbanizaron parcialmente como una de las condiciones que la administración les impuso al otorgarles la DIC.
