«Que se pongan en nuestro lugar. Realizamos un trabajo que es remunerado y no pueden dejar de pagárnoslo. Es injusto». Hablan personas con diversidad funcional que acuden cada día al centro ocupacional «Pas a Pas» de Alboraia, una institución pública que recibe por las mañanas a cerca de 55 alumnos y alumnas. Durante la jornada, trabajan para proveedores que nutren las estanterías de grandes almacenes por un pequeño sueldo y, después de comer, el centro ofrece actividades deportivas, lúdicas o culturales durante toda la tarde. «Es como una segunda casa», detallan.
Sin embargo, desde el pasado febrero, los usuarios del centro no cobran por su trabajo a pesar de que sí acuden a realizar sus tareas cada día. Los impagos de Conselleria al Consorcio de Servicios Sociales de l'Horta Nord también están poniendo en riesgo las actividades que realizan en «Pas a Pas» así como en otros centros dependientes del ente- y a su vez, de Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas-todos ellos ubicados entre Alboraia y Massamagrell. «De las ayudas aprobadas para el año 2018, nos falta por cobrar 700.000 euros», cuenta Susanna Puchades, delegada sindical del consorcio.
Una situación que se traduce, además del impago de los salarios de los usuarios, en la limitación a la hora de hacer actividades para los chavales del centro. «No pudimos pintar la falla del centro hasta el último momento porque no disponíamos de dinero para pagar la pintura», lamenta. Para Puchades, este tipo de anécdotas son lo de menos. El consorcio ya no puede hacer frente al pago del comedor de cada día y, lo que es todavía más grave, «ellos no cobran desde febrero y tenemos deudas con los proveedores», añade Puchades.
Además, asegura que si no se revierte la situación este mes, el próximo los empleados de los centros públicos (trabajadores sociales, psicólogos, monitores...) no podrán cobrar su salario. Y esto no es algo nuevo. Pasa cada año desde 2011, dicen.
¿Cómo actualizar necesidades?
«Nos preocupa el futuro de los Servicios Sociales, y sobre todo el futuro de este tipo de centros», añade la monitora Elisa, que trabaja cada día con los usuarios en «Pas a Pas». Para ella, no es sostenible que cada año haya impagos. Ni para ella ni para ninguno de sus compañeros y compañeras que viven, al igual que los usuarios y sus familias, en continua incertidumbre. «Cada año nos preguntamos: A ver qué mes este año será el que no cobremos. Pero nosotros solo somos la punta del iceberg», lamentan. Y reflexionan sobre el cambio de necesidades de las personas. «Conforme pasan los años son necesarios otro tipo de recursos, pues los usuarios se hacen mayores, algunos no tienen familia y va siendo necesario otro tipo de servicio como el de viviendas para ellos», explican. «¿Pero cómo vamos a instaurar otro servicio acorde con las necesidades que van actualizándose si nisiquiera podemos garantizar una estabilidad en los centros actuales?», temen.
