La Junta General de Egusa, la empresa pública de suelo de Alboraia, aprobó el pasado viernes el acuerdo sellado con la promotora Quabit, para saldar la deuda que mantiene la mercantil alboraiera con la sociedad urbanística por unos 26 millones de euros. El documento, repleto de cláusulas en las que cada parte se garantiza su seguridad jurídica, establece que Egusa dona a Quabit las parcelas situadas en Port Saplaya como dación en pago por la deuda contraída por un PAI iniciado en 2006 y que la crisis del ladrillo se llevó por delante.
Tras varios años de negociación entre las dos partes, Egusa llevó a su junta general, formada por los 21 concejales del Ayuntamiento de Alboraia, el principio de acuerdo alcanzado con Quabit. El documento salió adelante con los votos de PSOE y PP, mientras que Compromís, Cs y Esquerra Unida votaron en contra, y Vox se abstuvo. Pese a que los consejeros deben guardar confidencialidad, este diario ha podido saber que la hoja de ruta marcada contempla entregar a la promotora las parcelas que Egusa dispone en el Plan de Reforma Interior (PRI) UE-2, situadas en Port Saplaya, concretamente en el entorno de la zona comercial. En total, más de 52.000 metros cuadrados de edificabilidad. Fuera del mencionado acuerdo queda la pastilla de propiedad privada de superficie comercial que conforman Alcampo y Leroy Merlín, así como unos 15.000 metros cuadrados propiedad del ayuntamiento destinados a viales.
El suelo ya está clasificado
Durante los dos próximos meses se establecerá el proceso administrativo para cerrar la operación, que tiene el respaldo de hasta tres informes municipales, siempre y cuando las partes cumplan sus condiciones. Fuentes de Egusa consultadas por este diario defienden que la operación permite a la empresa pública saldar una deuda a la que no podía hacer frente, y recuerdan que las parcelas entregadas no serán reclasificadas ya que ese suelo es edificable desde hace más de quince años cuando fue aprobado el PRI para que se ejecutará el proyecto urbanístico. En este sentido, revelan que la deuda actual rondaba los 34 millones de euros y que las parcelas se encontraban a punto de ser subastadas, con lo que tampoco estaba garantizado que con los beneficios resultantes se pudiera liquidar la deuda.
Así que salvo contratiempo, se sellará un acuerdo con el que se cierra un conflicto de más de un lustro entre Egusa y Quabit, pero que como caso, arrancó en 2006. Por aquel entonces, Egusa y Grupo Mediterráneo Costa Blanca, un paraguas formado inversores privados como Astroc (Enrique Bañuelos) y la familia Lladró, crean la sociedad mixta Alboraia Marina Nova. El objetivo era desarrollar en una superficie de más de 108.000 metros cuadrados, un macroproyecto urbanístico que incluía 900 viviendas, 200 amarres, un hotel, un auditorio y un paseo marítimo.
Pero para ejecutar el plan no solo era necesario que el suelo fuera edificable, sino una serie de condicionantes que poco a poco fueron aminorando la velocidad del proyecto urbanístico hasta hacerlo encallar. La superficie comercial de la zona (Alcampo y Leroy Merlín), debía trasladarse a una zona de huerta, ya que sobre ese suelo se construiría el paso marítimo. La Generalitat bloqueó el traslado al incluir la pastilla de huerta afectada dentro del Plan de Acción Territorial de la Huerta. Además, la aprobación del PGOU de Alboraia que hubiera podido desbloquear el traslado se demoró en exceso. A esto se unió que en 2008, la Confederación Hidrográfica del Júcar presentó un contencioso contra el plan urbanístico, con el argumento de que no se había acreditado los recursos hídricos para las 900 viviendas previstas. No retiró la demanda hasta 2014. Por si fuera poco, la crisis del ladrillo fue la estocada definitiva para que el PAI acabará en el fondo del Mediterráneo. De hecho Quabit acabó heredando los activos tras el hundimiento de Astroc.
Hasta ahí todo sería normal. El problema es que la promotora adelantó en su día a Egusa, 23,4 millones en concepto de los futuros beneficios del desarrollo urbanístico del sector en Port Saplaya. El entonces presidente de la empresa pública, Manuel Álvaro, a su vez alcalde de Alboraia, se gastó el dinero en el soterramiento de las vías del Metro -en un convenio firmado con la Generalitat para pagar las obras a partes iguales y donde solo pudo aportar ocho millones de euros- así como en gasto corriente para el funcionamiento del ayuntamiento.
El caso acabó en el juzgado
En 2014, venció el plazo para que el proyecto urbanístico se ejecutara, aunque desde meses antes Quabit empezó a reclamar tanto a Egusa como al consistorio los 23,4 millones de euros adelantados. Ante la falta de respuesta, la promotora presentó en julio de 2015 un contencioso administrativo reclamando la devolución de la deuda.
A finales de 2016, el juzgado de Primera Instancia Nº 6 de València condenó a Egusa a devolver a Quabit Inmobiliaria los 23,4 millones, más otros 2,5 millones en concepto de intereses. La sentencia, a su vez, eximía al Ayuntamiento de Alboraia de hacer frente a la deuda en el caso de que Egusa no pudiera, circunstancia que se ha mantenido desde entonces. La Audiencia ratificó la sentencia y la promotora siempre mostró la voluntad de hallar una solución. Casi dos años después del primer fallo judicial, las partes han alcanzado un principio de acuerdo, que permitirá a Quabit retomar el proyecto urbanístico, aunque ahora de forma más modesta al reducir las viviendas a medio millar y eliminando los amarres, el auditorio y el hotel.
