El Ayuntamiento de Torrent está llevando a cabo el desbroce de la parcela donde se construirá la Ciudad de la Justicia, en el sector del Parc Central. Con un presupuesto de 835.000 euros, el consistorio tiene que urbanizar este terreno que quedará configurado con una gran plaza central.

Además del desbroce, las tareas actuales consisten en movimiento de tierras, así como la explanación para preparar el nuevo vial y la extensión de la futura plaza recayente en la avenida Barcelona 92. También se están ejecutando los trabajos para la instalación de la red de saneamiento y pluviales.

El acondicionamiento del solar, ubicado en la parcela M34 en Parc Central forma parte de la lista de Inversiones Financieramente Sostenibles, una serie de actuaciones financiadas gracias al superávit de 4,6 millones obtenidos en el ejercicio de 2018. La legislación actual permite destinar gran parte de esa cifra a inversiones.

La urbanización del terreno es el primer paso para que la futura Ciudad de la Justicia sea una realidad. Desde hace una década, el edificio de los Juzgados de Torrent está colapsado y sus dependenciads han quedado obsoletas para las necesidades actuales. Por ello, el consistorio reclama, desde hace varias legislaturas la nueva infraestructura que supondrá la actualización de las instalaciones, así como la modernización y la agrupación de los servicios y las dependencias judiciales de la ciudad, algunas de ellas dispersas en la actualidad en distintos puntos.

Para lograr que la Ciudad de la Justicia sea una realidad, tras muchas promesas incumplidas del Consell, cuando estaba en manos del Partido Popular, el ayuntamiento negoció en 2018 la delegación de las competencias por parte de la Conselleria de Justicia, para construir directamente las nuevas dependencias.

De este modo, en el pleno de octubre de 2018, la corporación aprobó la delegación de competencias para la contratación de la redacción de proyecto, licitación, adjudicación y ejecución de la construcción del Palacio de Justicia. Este acuerdo supone que el consistorio asume la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, que abona la Generalitat Valenciana, con un presupuesto que rondará los 17,5 millones de euros.