Con el preacuerdo alcanzado entre Egusa, empresa pública de Alboraia, y Quabit, promotora del PAI en Port Saplaya, para saldar la deuda de 26 millones de euros que mantiene la sociedad municipal con la privada, el consistorio alborariero ha logrado salvar uno de los dos match ball que desde hace años lastran su economía. De hecho, el pueblo de la xufa cerró el ejercicio 2018 con una deuda de viva de 34,1 millones de euros, lo que se traduce en 1.409 euros por habitante, el indicador más elevado de la comarca. La otra gran amenaza asciende a 29,5 millones que le debe el consistorio a la Generalitat por las obras de soterramiento de las vías del metro a su paso por el pueblo.
Y si Egusa y Quabit estaban condenados a entenderse en el litigio que han mantenido durante años por el proyecto fallido de Alboraia Marina Nova- una sentencia obligaba a la empresa pública a devolver a la promotora 26 millones de euros por los futuros beneficios que adelantó y que el consistorio se gastó sin que se ejecutase el PAI-, en el caso del soterramiento de vías, no cabe más solución que el diálogo. Y en eso están ambas administraciones, una vez han pasado las elecciones, se han constituido sus respectivos gobiernos y el Supremo haya tumbado el último recurso que presentó el ayuntamiento contra la sentencia que le condenaba a retornar el 50% de la inversión por soterrar el trazado del metro en Alboraia. Las intenciones del ayuntamiento están claras: está obligado a pagar, pero busca la colaboración autonómica para hacer frente a la deuda en cómodos plazos que no mitiguen más sus arcas públicas.
Al igual que en el conflicto con Quabit, Egusa también fue la protagonista de este caso. Corría el año 2005. El Ayuntamiento de Alboraia, en manos del PP con Manuel Álvaro al frente, y la Generalitat, del mismo partido, perfilaron un convenio por el que las dos administraciones se comprometían a pagar al 50% la modificación de rasante y urbanización en superficie de la línea 3 de FGV en Alboraia y la prolongación de la línea 4 de tranvía Patacona, Peixets y Port Saplaya. El soterramiento de las vías alcanzaba un coste total por encima de los 70 millones.
El acuerdo lo rubricaron en diciembre de 2006 Egusa, la empresa urbanística municipal presidida por el propio Álvaro, y GTP, el extinto ente gestor de la red de transporte de la Generalitat. El soterramiento de las vías se inauguró a bombo y platillo antes de cerrar 2010. En primera fila en la foto, el alcalde Álvaro, el expresidente Francisco Camps y la exalcaldesa de València, Rita Barberà, entre otros cargos municipales y autonómicos.
La sociedad alboraiera afrontó desde 2007 diferentes pagos de las certificaciones ejecutadas, tal como marcaba el convenio firmado un año antes. Pero la cosa se torció. En 2011, el PP perdía la alcaldía de Alboraia, que pasaba a manos de un cuatripartito formado PSPV, Compromís, UPPA y Cialbo, con la vara de mando para el socialista Miguel Chavarría, que la conserva desde entonces.
En 2013, el ejecutivo local cerró el grifo de los abonos. En enero, devolvió dos certificaciones en concepto de gastos financieros. Posteriormente, el pleno (con el voto a favor del PP incluido) aprobaba pedir al Consell que absorbiera la deuda y renegociar aquel acuerdo de 2006, con el argumento de que debía ser la Generalitat la que afrontara una inversión de su competencia. La respuesta de Isabel Bonig (PP), consellera entonces del área de Infraestructuras, fue negativa. En diciembre, la junta general de Egusa aprobó no sólo dejar de pagar los más de 20 millones que restaban sino también reclamar a la Generalitat que le devolviera los 8,5 millones que había abonado desde 2007.
Sin rendimientos urbanísticos
Al igual que ocurrió con Quabit, la Generalitat inició una batalla legal, presentando a finales de 2014 un contencioso reclamando a Egusa la deuda. La primera sentencia fue dictada en octubre de 2015, condenado a Alboraia a abonar 29,5 millones, más los intereses devengados. El ayuntamiento recurrió el fallo alegando, entre otras cuestiones, que se vulneró el principio de «confianza legítima», ya que la idea de costear el 50% de las obras se basó en la «fundada confianza» de que la liberación del suelo que ocupaban las vías generaría rendimientos urbanísticos -hasta 14 millones-, tal como se preveía en el PGOU.
El problema fue que la revisión del plan general no llegó a ejecutarse, según el consistorio, porque la propia Generalitat impidió su aprobación, evitando así las plusvalías previstas con las que afrontar el soterramiento de la línea ferroviaria. El TSJ desestimó el recurso municipal en los primeros meses de 2018, al sostener, entre otros motivos, que el acuerdo que suscribieron las partes en 2007 se rubricó «en posición de igualdad» entre las dos administraciones. Alboraia siguió insistiendo entonces en que si la Generalitat pedía que se le condonaran deudas por grandes proyectos, el ayuntamiento solicitaba el mismo trato,y criticaba que la administración autonómica no debía haber permitido nunca que las arcas locales sufragaran la mitad de la obra. La última bala fue elevar un recurso de casación al Supremo para ganar tiempo. Tampoco hubo suerte. La única salida ahora es acordar cómo pagar la deuda.
