El Juzgado de Primera Instancia Nº de Moncada ha resuelto abrir un procedimiento abreviado contra el exalcalde del PP Juan Jose? Medina y Miguel Gallego (PP) por un posible delito de estafa y prevaricación por el caso Pemsa. También mete en el saco a Juan José Oreo, exgerente de la empresa pública. El magistrado ha trasladado su resolución al Fiscal y a las partes, y abre un proceso de alegaciones para soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusacio?n o el sobreseimiento de la causa.

El caso atañe a la hipoteca de unas terrenos de Pemsa que habían sido vendidos previamente y con las que la mercantil avaló un crédito. Según la resolución del juzgado, el gerente de la empresa pública habría realizado seis operaciones de compraventa de parcelas entre octubre de 2010 y enero de 2012, siguiendo las instrucciones de Juan Jose? Medina, presidente de Pemsa y de Miguel Gallego Blanca, concejal delegado y vicepresidente. En total, las operaciones debían reportar a las arcas de la entidad pública unos 3,5 millones de euros, aunque no se acabó ingresando todo el dinero.

En diciembre de 2013, el pleno del ayuntamiento aprobo? autorizar a Pemsa para que formalizara un pre?stamo hipotecario por importe de 1,8 millones, a los efectos de solventar los problemas econo?micos por los que atravesaba la mercantil municipal, para lo cual se ofreci?a como garanti?a las referidas seis parcelas que habi?an sido vendidas previamente. El referido acuerdo municipal fue solicitado por el gerente de Pemsa, Jose? Ignacio Orero, de comu?n acuerdo con Medina y Gallego. Estos dos u?ltimos habri?an votado a favor de la resolucio?n municipal, a pesar de que conoci?an que dichas fincas habi?an sido vendidas anteriormente. Días más tarde, se otorgo? escritura pu?blica en la que Pemsa hipotecaba las referidas seis parcelas, al formalizar el crédito.

El juez considera que los hechos punibles expresados podri?an suponer un delito de estafa, al haberse procedido a enajenar las parcelas por parte de Pemsa y al haber gravado posteriormente las mismas con una hipoteca, cuando ya no se teni?a poder de disposicio?n sobre ellas. El magistrado tampoco descarta que los hechos investigados puedan ser constitutivos de un delito de prevaricacio?n, ambos delitos por vía penal.

Por otra parte, archiva el procedimiento contra el resto de imputados por el caso, entre ellos todos los concejales que formaban parte de la corporación local el día que se aprobó pedir el crédito. Entre ellos figuran Jesu?s Gimeno, actual concejal de Cs y diputado provincia.