La Mancomunitat de l'Horta Sud ha respondido a los cinco ayuntamientos que presentaron reclamaciones por el pleno en el que se eligió a la presidenta Eva Sanz. El área de Secretaría apela a la «Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana», para defender el sistema de votación que se empleó en esa sesión, de dos votos por municipios independientemente de su tamaño, diferente al que se utilizaba hasta la fecha, que era de representación ponderada.
Así, Secretaría ha remitido a los ayuntamientos que se quejaron el informe que elaboró previo a la sesión plenaria del 16 de septiembre. El documento se apoya en diversa «legislación aplicable» ya que además de la Ley de Mancomunidades cita los Estatutos de la Mancomunitad de l'Horta Sud, la «Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana», el «Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones locales» y la «Ley Orgánica del Régimen Electoral General».
Así, en el informe se detalla cómo se tenían que constituir el pleno y la mesa de edad, y el sistema de votación, que incluye dos rondas (la primera, en la que el candidato o candidata ha de ser elegido por mayoría absoluta, y la segunda, para la que vale la mayoría simple). Y respecto a la fórmula, en el documento se refleja que «de acuerdo con lo dispuesto en la nueva Ley de Mancomunidades (...) cada municipio estará representado en el pleno de la mancomunidad por el alcalde o la alcaldesa y otro concejal o concejala, elegido por el pleno correspondiente, y el voto será emitido individualmente por cada uno de los representantes».
Con estos argumentos, Secretaría estableció para el pleno del 16 de septiembre el sistema de dos sufragios por pueblo, frente al voto ponderado vigente hasta entonces. En la sesión, el PSPV presentó dos candidaturas, la de la alcaldesa de Benetússer Eva Sanz, que ganó por 14 a 13, y la del alcalde de Aldaia, Guillermo Luján.
Los partidarios de Luján defienden que hubiera ganado él con el sistema anterior, por lo que algunos alcaldes y alcaldesas presentaron reclamaciones a la Mancomunitat. En ellas, denuncian que el cambio supone «un claro perjuicio a los derechos políticos» de sus municipios, no solo en esta elección sino de cara al futuro, ya que las aportaciones económicas no se hacen por igual a la institución sino en función del volumen de población. Tras recibir el informe, lo han puesto en estudio de sus técnicos aunque algunos alcaldes han criticado que el documento no responde a las quejas que plantearon.
