Las familias de una treintena de alumnos del Colegio Educatio, en Paterna, y la dirección del centro de educación especial han interpuesto sendos contenciosos administrativos, contra la orden dictada por la conselleria de Educación, que revoca la autorización para que la instalación privada siga ofreciendo sus servicios. Por el momento, el TSJ ha concedido la suspensión cautelar, y el colegio ha podido iniciar el curso.
Educatio abrió sus puertas en 1986. La instalación es fruto de un proyecto vocacional. Nació, creció y se mantiene de manera privada. El centro, catalagodo de Educación Especial, está abierto para estudiantes con dificultades de aprendizaje. No hay usuarios con movilidad reducida o diversidad funcional. Podría decirse, que las horas semanales de refuerzo que ofrecen los colegios públicos a los escolares que lo precisan, en Educatio se aplican toda jornada lectiva. Cuenta con 38 alumnos, de entre 8 y 16 años, y una plantilla de doce trabajadores, la mitad profesores. Desde su apertura, nunca tuvieron un solo problema con la autorización. Hasta ahora.
Materia y títulos del profesorado
El pasado junio, la conselleria emitió una orden por la que retiraba el permiso a Educatio para seguir con su labor docente «por incumplimiento de los requisitos mínimos de la autorización y por no impartir las enseñanzas para las que se autorizó al centro». Era el final de un proceso que había comenzado meses antes, concretamente en noviembre de 2017, cuando el departamento autonómico envió el primer requerimiento sobre supuestas irregularidades. En enero de 2018, la Inspectora de Educación emitió un informe de propuesta para la revocación de la licencia por larga lista de deficiencias, apuntando a las enseñanzas impartidas por el centro, al «existir una divergencia respecto de las enseñanzas autorizadas y las impartidas»; a las titulaciones del profesorado, ya en los «centros de educación especial es preceptiva la existencia de titulados en Pedagogía Terapéutica, y Audición y Lenguaje y se deja constancia que no existe ningún educador de educación especial»; y respecto al perfil del alumnado escolarizado, «ya que no se corresponde con la modalidad de escolarización específica, obrando en poder de la Inspección de Educación informes psicopedagógicos en los que así consta».
En septiembre, Eduación requirió de nuevo al centro que subsanara las deficiencias, pero el colegio exigió concreción en dichas irregularidades. En dicembre, el centro remitió un informe donde explicaba que cumplía con todas las normativas que rigen las instalaciones de educación especial. En enero de 2019, Educación inició el expediente de revocación de la autorización, que concluyó el pasado 14 de junio con la orden firmada por el conseller Marzà.
La noticia cayó como una bomba entre las familias, que acusan a la conselleria de «atropello cruel e inhumano». Los padres y madres celebraron una asamblea en la que aprobaron presentar un recurso de reposición contra la orden. Fue rechazado. Pasaron a la batalla judicial con un contencioso administrativo, solicitando la suspensión cautelar de la orden para iniciar el curso. La dirección del centro presentó otro. El TSJ ha concedido la cautelar y las instalaciones se mantienen abiertas, pero se avecina una dura batalla legal.
La portavoz de Educatio Safira Cantos argumenta que cumplen con toda la legalidad y afirma que la conselleria «nunca ha sido capaz de concretar» las deficiencias porque, asegura, «no hay una normativa que permita concluir y exigir lo que se nos indica desordenadamente en los informes de inspección». Cantos explica que se somete a los alumnos a una entrevista y un estudio para determinar que deben estudiar en el centro. «No tenemos un afán recaudatorio. Si el niño, tras analizar su caso y ver los informes que traen las familias, debe estar aquí, los acogemos, y cuando están preparados para volver a un centro público, se lo decimos a los padres», relata.
