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Vivienda

"Tuvimos que okupar un piso y sin padrón no podemos optar a ninguna ayuda social"

Con la pensión por incapacidad de 392 euros, Daniel y su mujer embarazada no pueden pagar una casa para recibir la Renta de inclusión

Daniel, con todos los documentos que acreditan su incapacidad en su piso «okupado» de Massanassa. l-eMv

Es la pescadilla que se muerde la cola. Sin padrón, no hay ayudas, pero sin ayudas no hay dinero para pagar un alquiler y poder empadronarse. En ese círculo se encuentra Daniel García y su pareja, embarazada de ocho meses y con otra niña de dos años, que ve como todas las administraciones admiten su situación de riesgo de exclusión social pero le cierran las puertas por no tener un domicilio.

Daniel tiene reconocida una incapacidad del 66%, por una operación de hernia discal lumbar, por la que recibe una pensión de 392 euros. Un dinero que no le permite acceder a una vivienda y que le movió a okupar una casa en la avenida Blasco Ibáñez de Massanassa, para no quedarse en la calle con su pareja.

«A mi no me gusta vivir así, en un piso que no es mío, que no está en condiciones para que vivan los niños, pero siempre que voy a pedir ayuda a los ayuntamientos o a Bienestar Social me dicen que les lleve el certificado de empadronamiento y, cuando les digo que no tengo, me deniegan cualquier ayuda», explica.

Daniel admite que no sabe ni dónde está empadronado actualmente ya que salió de la cárcel el pasado mes de diciembre, mientras que su mujer está domiciliada en Benetússer, donde vivía con su anterior pareja. «He ido al Ayuntamiento de Massanassa y allí me dicen que vayamos a Benetússer porque al menos ella está empadronada allí. Cuando fuimos al de Benetússer nos dijeron que como no vivíamos allí no nos podía dar la ayuda al pago de la luz y del agua», relata.

También acudieron a la Conselleria de Bienestar Social, en València, a pedir la Renta de Inclusión , en su nueva «Modalidad de Renta Complementaria de Ingresos por Prestaciones», que establece el reconocimiento de una prestación económica periódica para complementar las prestaciones recibidas por incapacidad, como es el cao de Daniel. Sin embargo, en el apartado de requisitos impuestos por la Generalitat Valenciana, el primero es tener «empadronamiento o residencia efectiva durante un mínimo de 12 meses, de manera continuada, e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud en cualquier municipio o municipios de la Comunitat Valenciana o durante un total de 5 años, de manera continuada o interrumpida, de los 10 inmediatamente anteriores a la solicitud, excepto las personas victimas de violencia de género que no tienen que cumplir este requisito». «Todo el mundo me decía que fuera a pedir la Renta de inclusión, pero otra vez me topé con los mismo, estamos desesperados, no sabemos como salir de esta situación», narra.

De momento, admite, la pareja ha conseguido una ayuda para la escolarización en la guardería de la niña de dos años y, cada 15 días, Cáritas Benetússer le entregue alimentos y también ropa y artículos destinados para el bebé que viene en camino. «Mi madre también nos ayuda cuando puede y cuando ya tenga al niño, a ver si consigo un trabajo», confiesa la mujer, de 26 años.

«Mira aquí tengo mi currículum. Cuando ven que tengo una incapacidad y que estoy operado de la espalda nadie me quiere contratar», explica Daniel, quien confiesa que sin estudios tampoco puede acceder a un puesto que no sea físico.

A esto se une que posiblemente en unos meses tenga que volver a pasar por el quirófano por los fuertes dolores que sigue teniendo. «Me operaron cuando estaba en la cárcel y no recibí ningún tipo de rehabilitación. Hay veces que no puedo mover ni el brazo izquierdo», explica. Esto ha hecho que también haya pedido a Bienestar Social una revisión de su incapacidad para que sea aumentada. «De nuevo me dicen que necesito estar empadronado, así que tengo miedo que me quiten la pensión que me dan ahora», reconoce.

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