Once empleados del taller ocupacional de administración y gestión de archivos subvencionado por Labora (antes Servef) han denunciado que no cobran el salario mínimo interprofesional que fue elevado a 900 euros y entró en vigor el 1 de enero de 2019. Estas once personas siguen cobrando el anterior salario de 735 euros por lo que han exigido al consistorio que compense esta diferencia, que asciende a un total de 22.000 euros.
El incremento del SMI supuso un problema para los talleres ocupacionales gestionados por el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación que depende de la Conselleria. Para los cursos que empezaban el 1 de enero de 2019 ya estaban destinadas las subvenciones a los ayuntamientos, que son los beneficiarios, teniendo en cuenta el anterior SMI, y esto supuso una diferencia en los costes salariales no contemplados por la conselleria.
Y uno de los cursos afectados es precisamente el del Gestión de Archivos y Administración impartido en Alcàsser. «Nos hicieron firmar el contrato el 28 de diciembre de 2018, fuimos al centro, nos hicimos la foto y luego nos dieron vacaciones hasta el 7 de enero, que es cuando realmente empezamos el taller y todo para no pagarnos el mínimo salario interprofesional que entraba en vigor el 1 de enero», afirma el grupo de personas afectadas, que ya está en contacto con un abogado para emprender acciones legales contra el Ayuntamiento de Alcàsser después de no encontrar una solución «a las buenas».
Las mujeres y el hombre que partcipan en el taller presentaron ya en febrero un registro de entrada en el Ayuntamiento de Alcàsser solicitando cobrar 900 euros y no 735 euros, que no fue contestado hasta pasados tres meses, después de que dos de las empleadas se reunieran en persona con la alcaldesa Eva Zamora (PSPV). «Pero nos dijo que no podía hacer nada, que no había dinero en el ayuntamiento para pagarnos y que eso lo debía de abonar Labora», explican.
Nomdedéu mandó un escrito
Estas empleadas decidieron entonces ponerse en contacto con el director de Labora, Enric Nomdedéu, quien al descubrir su situación les reenvió un escrito que fue remitido a todos los ayuntamientos que estaban con esa misma problemática y a la que ha tenido acceso Levante-EMV diciéndoles que eran ellos los que debían asumir la diferencia salarial. «En relación con esta problemática, desde Labora os queremos plantear, visto el incremento que ha habido en el SMI para 2019, que las entidades beneficiarias podrán sufragar este mayor gasto con cargo a la aportación municipal que en su caso se hubiera comprometido en el proyecto subvencionado», expresa la carta firmada por el propio Nomdedéu, y que ayuntamientos como el de Silla, han asumido.
«Lo único que queremos es cobrar lo que es justo y dicta la Ley. Es más, en nuestra nómina nos retienen la Seguridad Social sobre un salario de 1.050? que es lo que deberíamos cobrar en bruto cuando en verdad cobramos 858 euros en bruto», explican.
