Como ya pasó en el pleno de marzo, los votos en contra de PP, Cs y Unidas Podemos evitaron que el bipartito Compromís-PSOE aprobara sacar a exposición pública la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, un texto en el que el ejecutivo lleva trabajando más de cinco años y con el que se pretende evitar futuras expropiaciones que generen un desembolso estimado de entre 13 y 30 millones de euros.
El equipo de gobierno llevó el documento al último pleno límite, para cumplir con los trámites de alegaciones y presentarlo ante la conselleria de Territorio, antes de que caduque en febrero de 2020. La modificación, a grandes rasgos, trata de reordenar los equipamientos pendientes de adquirir por el consistorio (zona verde o dotacional) y ofrecer a los propietarios del suelo un aumento de la edificabilidad para que sus parcelas incrementen su valor y no demanden al consistorio. El ayuntamiento siempre ha rechazado que no crece el terreno edificable sino que permite más pisos en el mismo suelo. En total, 436 más, destinando un 30% a públicas.
El concejal de Urbanismo, Carles Durán, recordó que estaban ante la «única alternativa viable» y con «elementos del pacto de investidura», negociados con Unidas Podemos. Durán apuntó que la modificación es «fruto de la necesidad de evitar nuevas expropiaciones, que no podemos asumir».
Pero la oposición no traga. El concejal de Ciudadanos Javier Beltrán anunció su voto en contra por las «lagunas, la premura, las formas y el fondo técnico-jurídico» del texto de modificación, aunque admitió «compartir la preocupación» por las consecuencias de la no aprobación, pero rechazó las «amenazas» de decir «que nos intervendrán y que viene el coco».
La concejala de Unidas Podemos, Irene Ferré, acusó al equipo de gobierno de «ir contracorriente con un comportamiento urbanístico incomprensible» y de tratar de «evitar una ruina con una ruina más grande para el municipio». La regidora recordó que se aprobó una moción para iniciar un PGOU y esta petición se incluyó dentro del Pacto de Investidura de junio y no se ha hecho nada. La edila relató que la modificación incluye «mínimos cambios» respecto a la de marzo, pero «mantiene convertir zonas verdes en comerciales, con más tráfico y llenar los bolsillos de los promotores». Ferré llegó a decir que se trata de planes «similares a los que desarrolló la derecha» y preguntó a PSOE y Compromís «si están a favor de este tipo de planes. Quieren cargarse el medio ambiente» y «mientras esté en nuestra mano evitarlo, lo haremos».
El portavoz del PP, José María Musoles, criticó la «visión apocalíptica de las doce plagas de Egipto si el documento no se aprueba», y reprochó que el ejecutivo ensalzara la participación «cuando no se ha escuchado a las asociaciones» ni «ha llamado una sola vez al partido mayoritario. Ese no es el buen camino cuando hablan de interés general, con lo que es suficiente para votar en contra».
El portavoz socialista, Fernando Oliveros, dejó claro que «a nadie le gusta construir y estamos en contra», y rechazó «querer ser apocalíptico, pero tenemos experiencia en las expropiaciones».
La alcaldesa Eva Sanchis lamentó que «ahora queda un desastre y cada uno será responsable de su voto», dijo, antes de pedir que constará en acta el nombre y apellidos de los que votaban en contra, «para que cuando vengan las expropiaciones, la gente sepa a quién tiene que ir a preguntar».
¿Y en qué situación se queda Godella ahora? Pues con el actual PGOU, vigente desde 1990, y con la necesidad de adquirir 63.746 metros cuadrados, a repartir entre zonas verdes y otras dotaciones. De la primera: 9.384 m2 que se eliminaron de la expropiación del Parc de la Devesa y que deben ubicarse en otro lugar, otros 4.288 m2 de la Devesa que debe adquirir al Arzobispado, y 7.365 m2 en el Bovalar. Sobre las dotaciones: 10.800 m2 de jardín y 20.900 m2 de zona deportiva junto al cementerio, 4.693 m2 de jardín en la Quartella, 1.615 m2 de servicio público en Xicaranda y 4.700 m2 para ampliar el camposanto. Según los cálculos municipales, hacerse con todos esos terrenos programados en el PGOU del 90, le supondrá a Godella un coste de entre 13 y 30 millones de euros, en función de si llega a acuerdos directamente con los propietarios o si es el juzgado el que marca el valor del suelo. En este sentido, a partir de enero de 2021, los dueños de parcelaspodrán pedir la expropiación forzosa al vencer la moratoria de la Generalitat que lo impedía.
1.230 viviendas sin zona verde
Además, el PGOU del 90 contempla 218 viviendas en Conxeta (46 más que en la modificación tumbada); 250 junto al Barranc dels Frares, pero sin los 25.000 m2 de zona verde que ahora se planteaba; 762 inmuebles en Ermita Nova, que tampoco tendrá 10.000 m2 de equipamiento y 6.000 de zona verde; mientras que la carretera de Rocafort mantiene los 1.500 m2 de equipamiento haciendo inviable el acuerdo pactado ya con la propiedad.
