Una veintena de propietarios de chalés de la Finca la Pinaeta de Paterna, ha remitido un escrito al ayuntamiento, en el que solicita que se ejecute el proyecto de la red de saneamiento en la zona. Los dueños de las viviendas firmaron hace diez meses un convenio con la empresa Aigües de Paterna en el que aportaron alrededor del 50% del coste de la obra, fijada en 388.000 euros. El consistorio sostiene que la actuación no podrá iniciarse mientras queden propietarios por firmar y pagar.
La partida de la Pinaeta, también conocida como Cova de la Mel, creció en la década de los ochenta. Se trata de chalés o casetas que se construyeron fuera de ordenación. Es decir, en sus inicios carecían de luz, agua y alcantarillado. Con el paso de los años fueron logrando disponer de los servicios necesarios, sobre todo con el PGOU del 90, que catalogó aquella zona como urbana. Primero fue el suministro eléctrico y posteriormente se conectaron a la red de agua potable, después de acudir a los tribunales. En aquel momento, según recuerda Pepe Ordoñez, presidente de las comunidad de propietarios, Aigües de Paterna «ya advirtió que para tener agua potable era necesario disponer también de alcantarillado».
Por ello, tal como apuntan en su escrito, la junta de gobierno aprobó en abril de 2018, la exposición al público del proyecto de alcantarillado, atendiendo a varios informes que apuntaban a la necesidad de solucionar un problema de riesgo sanitario. En la carta presentada ante el ayuntamiento, los propietarios recogen pasajes de los citados estudios realizados por varias jefaturas municipales. «Que la justificación de la ejecución anticipada de las citadas obras, es , como en el caso del agua potable, la necesidad inaplazable de ejecutarlas por motivos de salubridad y sanidad pública explicitadas en el expediente y la no afección al medio ambiente», rezaba uno de los documentos.
Semanas después, Aigües de Paterna abordó con los propietarios la futura ejecución de la obras, que ellos debía asumir. Así, se planteó cómo pagarían los trabajos. Finalmente se acordó que cada dueño adelantaría el 50% del coste, entre 7.000 y 12.000 euros por vivienda, en función de la superficie de la parcela, y la otra mitad en cuotas durante catorce años. De hecho, allí se encuentra un camping con unas casetas de madera que ya tuvo que acometer una actuación para depurar las aguas que se vertían.
Pero no todos firmaron el convenio individual. Una decena de dueños de chalés no lo ha hecho, lo que supone unos 90.000 euros por cubrir, del total de 388.152. Pepe Ordoñez admite que el propio acuerdo ya incluye que hasta que «no firmaran el convenio la totalidad de propietarios no podrían de ningún modo iniciarse las obras».
Pero ha pasado año y medio desde que lo aprobara la junta de gobierno y las obras no han empezado. «Hay una necesidad urgente de acometer el proyecto por existir riesgo sanitario, y la necesidad de ejecutarlas por motivos de salubridad y salud pública, y mientras no se hagan seguimos contaminando los acuíferos con nuestros pozos ciegos», apunta el presidente. En estos meses se han reunido con representantes municipales, pero no ha habido acuerdo. Según explican, plantearon al ayuntamiento que ejecute el proyecto y tramite contribuciones especiales o tasas públicas para los propietarios que no han firmado, «pero el consistorio se niega y quiere que asumamos nosotros el resto lo que queda por pagar». Una asamblea vecinal rechazó esta posibilidad.
Ante tal situación, piden formalmente por escrito al ayuntamiento, que acometa las obras con carácter «inminente», llegando plantear un posible «ilícito penal» y «prevaricación por omisión», y advierten que acudirán a la Fiscalía.
