El grupo municipal del Partido Popular de Torrent ha reclamado la suspensión cautelar de las oposiciones a cinco plazas de Policía Local que, desde hace unas semanas, está desarrollando el consistorio, por considerar que se han llevado a cabo una serie de «errores procedimentales fruto de las prisas» ya que el concurso se tramita por vía de urgencia.
El concejal popular Nacho Carratalá pidió ayer por escrito tramitado ante el registro municipal que se paralice, por el momento, el proceso, y posteriormente formuló esta misma solicitud en el apartado de ruegos y preguntas del pleno de la corporación.
Carratalá ha reclamado un informe jurídico que aclare ciertos aspectos. Entre ellos, el edil pregunta sobre la elección del tribunal, ya que desde julio de 2016, cuando el pleno aprobó una moción de Compromís, «los miembros de los tribunales deben ser elegidos por sorteo». No obstante, en el caso de la presente oposición, solo entraron en el sorteo un titular y dos suplentes, mientras que el Jefe de la policía y otro mando «fueron designados directamente por la junta de gobierno».
Los populares también ponen el foco en la declaración del proceso de urgencia, ya que la oferta publica de empleo data de 2016 pero no es hasta finales de 2018 cuando se publican las bases, y en octubre de 2019 cuando se publican las listas provisionales de admitidos. Para el concejal popular Nacho Carratalá esta forma de proceder es «totalmente incomprensible». «Si durante tres años no se ha realizado ninguna acción para cumplir con dicha oferta de empleo, será bien porque no resulta estrictamente necesaria ni urgente. Por ello, son más que dudosas estas prisas a última hora», insiste el edil. Carratalá menciona en su petición una Sentencia del Supremo del 21 de Mayo de 2019 (Recurso 209/2016) en la que el Tribunal vincula la Oferta de Empleo al ejercicio presupuestario y si no se ejecuta, el fallo presume que las necesidades de personal han desaparecido.
Por último, el PP pide saber por qué no se ha cumplido el plazo establecido por la Junta de Gobierno Local en la Oferta de Empleo Público,en la que figuraba que las plazas deberían convocarse en el plazo de un año, que luego prorrogó por seis meses adicionales. «Con el cumplimiento de estos plazos, se podría estar vulnerando la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común», señala el Partido Popular.
Por ello, este grupo municipal reclama un informe jurídico y espera a tenerlo «para valorar futuras acciones», para lo que solicitan es que se paralice de forma cautelar el proceso «hasta que todas las dudas sean aclaradas».
