El representante de Esquerra Unida en el Consorcio de Aigües de l'Horta, Juanjo Llorente, ha presentado una queja en el Síndic de Greuges, después de la última asamblea del órgano, celebrada el martes. El exconcejal de Aldaia pide al defensor que se pronuncie ante lo que considera «prácticas torticeras» por parte de la presidencia, que ostenta también en funciones Josep Almenar.
La asamblea extraordinaria tenía como objetivo aprobar las cuatro actas de las últimas cuatro sesiones plenarias. En total se daría cuanta de las reuniones de diciembre de 2017 y las tres de 2018.
Al inicio de la asamblea, tanto Compromís como Esquerra Unida, ya apuntaron que no se había convocado a todos los miembros (24). Cabe recordar que tras los comisiones del pasado 26 de mayo, muchos de los entonces representantes de los municipios en el consorcio ahora ya no lo son por diferentes circunstancias, desde no lograr acta en los comicios a dejar la política. También dejaron caer la posible «irregularidad» por el hecho de que se aprobaran una actas escritas hace dos años por habilitados nacionales no presentes «y que por tanto no podrían dar fe y confirmar lo ocurrido realmente en cada asamblea», revela Llorente.
Las tres primeras actas se aprobaron sin apenas debate: la aprobación del Plan de Control de Vertidos en algunos municipios consorciados, dación en cuenta de la prórroga del convenio firmado con Aigües de l'Horta para el abastecimiento y mantenimiento del suministro y el inicio del procedimiento para la modificación de los estatutos.
Pero el conflicto surgió en la aprobación de la última acta (diciembre 2018), en cuya sesión se aprobó por 22 votos a favor y dos abstenciones la modificación de estatutos. El objetivo era perseguir la democratización del consorcio, para que fuera la asamblea la que aprobara o rechazara las cuestiones de calado, y no la junta directiva, que fue la que dio luz verde por tres votos (PSOE) a dos (Compromís) la prorroga por diez años del citado convenio con Aigües de l'Horta, impidiendo que algunos municipios pudieran iniciar el proceso de remunicipalización del servicio.
El PSOE planea la impugnación
Según explica Llorente, el presidente del consorcio advirtió antes de la votación para aprobar la última acta, de que su partido (PSOE) votaría en contra «manifestando su expectativa de impugnar después la modificación democratizadora de los estatutos». Es decir, argumenta el representante de EU, «su idea era votar en contra, como así sucedió finalmente -salió aprobada por 11 votos a 8-, para luego tener la base con la que impugnar el acta». Además, se incluyó en el acta de la sesión del martes que «la modificación aprobada hace un año estuvo consensuada y avalada por todos los grupos del Consorcio».
El problema, según Llorente, es que «se puede impugnar un acta por estar mal redactada pero no hacerlo para impugnar el acto recogido -la modificación de estatutos-que salió adelante con amplio respaldo». Además, tal como señala en su escrito a la sindicatura, el acta de diciembre de 2018, estuvo redactada por su secretario no compareciente el martes. Por todo ello apunta a «una actuación irregular» de la presidencia y pide al Síndic un pronunciamiento.
