El extinto Instituto Valenciano de la Vivienda planeaba ya en 2006 la construcción de pisos en el solar de uso terciario que tenía en Alaquàs, cerca de las promociones que había construido en el Passatge 25 d'Abril en los años 1995 y 1997. Como en otras iniciativas que también resultaron fallidas, el Ivvsa, en la etapa del exconseller Rafael Blasco (actualmente en prisión por el Caso Cooperación), creó una sociedad mixta inmobiliaria con dos constructoras con el nombre Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S. L. Para cambiar la calificación del suelo, el consistorio puso como condición que el 100% fuera vivienda protegida con un porcentaje de régimen especial. A pesar del primer acuerdo, la firma mixta presentó proyectos que no cumplían estos requisitos que fueron desestimados.
Tal y como publicó Levante-EMV, finalmente en 2008 se diseñó una promoción consistente en tres edificios que tenían que sumar 175 viviendas, que fueron sorteadas y adjudicadas. Aunque la obra del primer bloque se inició en 2010 y se construyó el gigantesco agujero, donde tenían que ubicarse los aparcamientos, se paralizó meses después.
Los 77 compradores de este inmueble (que había logrado la licencia municipal en junio de 2008) comenzaron a realizar las aportaciones económicas que determinada el contrato que suscribieron entre julio de 2010 y febrero de 2011 (llegaron a abonar con los años entre 20.000 y 23.000 euros). A pesar de que la obra estaba paralizada, la promotora anunció a las familias que había logrado la financiación y siguió adelante con los contratos. Pero finalmente, en marzo de 2012 y tras meses de quejas, el Ivvsa ofreció a los adjudicatarios la posibilidad de rescindir el acuerdo y recuperar el dinero, con la opción de tener prioridad si se reiniciaba la obra.
En aquel momento, no se comunicó ni a las personas que habían contratado los pisos ni al ayuntamiento la causa de la paralización. Por aquel entonces, el Consell en manos del Partido Popular ya planeaba desmantelar el Ivvsa.
En un momento dado, la entidad Cajamar anunció que el proyecto se iba a reemprender pero la obra no volvió a tener actividad.
Reclamación judicial
El enrevesado proceso afdministratibvo tuvo también una vertiente judicial. La firma Tecnogrup de la Plana SL, a la que Desarrollos Urbanos le había adjudicado la redacción del proyecto y dirección de obra presentó una demanda porque no había cobrado desde 2008 y los tribunales le reconocieron el derecho a percibir 318.000 euros en noviembre de 2012 y meses después ordenaron el embargo de cuentas.
