El Ayuntamiento de Catarroja sigue teniendo entre sus principales objetivos para este 2020 acabar con el problema de la vivienda. Si bien evitar los desahucios era el principal riesgo a batir en la pasada legislatura, en esta nueva se quiere hacer frente a la problemática de colectivos como los jóvenes, las familias monoparentales o las víctimas de violencia de género que son incapaces de emanciparse al no poder pagar con un solo sueldo o prestación el alquiler cuyo precio sigue subiendo.
En ese sentido, y ante la falta de pisos sociales del Ivvsa, el consistorio se ha planteado la posibilidad de crear un banco municipal de vivienda poniendo el foco en los pisos vacíos existentes en el municipio. Según fuentes consistoriales, en Catarroja hay en torno a 1.800 pisos sin ocupar por lo que se estudia la posibilidad de darles salida actuando de intermediarios, como una especie de agencia de gestión de alquileres, que incluso avale el impago de hasta tres mensualidades. «La mayoría de veces, estos pisos vacíos son de gente a la que le da miedo ponerlos en alquiler por si no les pagan o les dañan el inmueble. Si nosotros les damos garantías de pago e incluso avalamos hasta tres mensualidades, facilitaríamos la puesta en el mercado inmobiliario de esos pisos y eso además aumentaría la oferta y haría que bajara el precio del alquiler. Sería bueno para todos», explica la vicealcaldesa Lorena Silvent.
La edila aclara que aún es un proyecto que hay que meditar pues se han de tener en cuenta muchos aspectos como «la viabilidad jurídica y explorar hasta qué punto se pueden flexibilizar los contratos de alquiler, a tres o a siete años». Por ello, el Ayuntamiento de Catarroja se ha puesto ya en contacto con la Conselleria de Vivienda, «para saber hasta qué punto» la institución local puede asumir ese servicio. «La conselleria nos ha comentado que podríamos actuar como una extensión de la red de oficinas de Infohabitatge», una especie de registro de demandantes donde también se informa de las diferentes soluciones habitacionales contemplados en el marco normativo, explica Lorena Silvent.
Comisión antidesahucios
La creación de un banco de vivienda fue una de los puntos que se trató en la comisión antidesahucios que se constituyó hace unos días con los nuevos representantes políticos de esta legislatura y la nueva concejala de Vivienda, Beatriz Sierra. También asistieron los representantes del resto de grupos políticos, así como Isabel Mas, de Cáritas Catarroja, y Ana Mir, presidenta del Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Cmicav ).
La comisión antidesahucios ya funcionaba en la anterior legislatura aunque con esta nueva andadura política debe constituirse de nuevo. Se reunirá de forma mensual hasta mayo y, en esta nueva etapa, se le ha querido dar un enfoque diferente. Funcionará a nivel solo técnico de forma mensual, pero se creará un consejo dentro de Servicios Sociales donde se estudiará la problemática de la vivienda de cada caso, de particular a particular, ya no solo con los bancos.
En esta nueva comisión, también se aprobó un protocolo de actuación en materia antidesahucios, basado en asesorar a las personas que tengan una orden de lanzamiento a través de los Servicios Sociales.
Revisión de las bases de ayudas
En la reunión, también se propuso revisar las bases de las ayudas a la vivienda que en 2019 ascendieron a un total de 70.000 euros. En concreto se quiere revisar el rango de hipoteca. Para recibir la ayuda, el límite máximo de ingresos se fijaba en 537,84 euros para una persona, 941,22 euros para dos personas, 1.210 euros para tres personas y 1.613,52 euros cuatro personas. La cuantía máxima de la ayuda será hasta del 40% del alquiler/hipoteca, siendo 160 euros mensuales como máximo, sin posibilidad de incremento alguno por ninguna circunstancia. «Sabemos que hay gente que se ha quedado fuera por apenas 50 euros. Queremos estudiar cuánta gente está en esa situación a ver si tenemos que modificar el rango», explica Silvent.
