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El 'Gordo' repartido en 2017 sigue en el juzgado

Trece personas denunciaron a la hermandad que vendió el primer premio y reclaman unos 600.000 euros

El 'Gordo' repartido en 2017 sigue en el juzgado

El Niño ha vuelto a sonreir a Torrent. Si el lunes dejó 10 millones del tercer premio, en 2017 la lluvia euros del primero alcanzó los noventa millones, setenta de ellos repartidos en participaciones por la hermandad del Sant Sepulcre. Pero no todo fue felicidad. Un total de trece personas presentaron una demanda conjunta por la que piden cobrar las papeletas que a su juicio deberían haber jugado y, que por motivos no aclarados, no tenían en el momento del sorteo.

En la denuncia solicitaban pena de prisión para los 17 miembros de la junta directiva (constituida en septiembre de 2016) o la cantidad de 600.000 euros, el equivalente a las participaciones que supuestamente deberían haber jugado.

Los querellantes argumentan que los integrantes de la junta directiva eran los encargados de repartir la lotería de Navidad y del Niño a domicilio, una práctica habitual bastante extendida en otras cofradías y hermandades del municipio. También la directiva del Sepulcre entregaba las papeletas casa por casa el resto del año con los hermanos que jugaban a modo de abonados. De tal forma que, según los demandantes, para el sorteo del seis de enero, en medio de las fiestas navideñas, no recibieron en sus casas las participaciones que tenían asignadas como cada año y que al reclamarlas tras enterarse de que la hermandad había repartido el gordo, la directiva, según su versión, no se las entregó.

El juez encargado de la causa, en los juzgados de Torrent, finalizó la instrucción en junio de 2019, después de practicar diversas diligencias, como la declaración de toda la junta directiva en calidad de imputados, las testificales de otros testigos -incluso ajenos al asunto- así como la solicitud de documentación a entidades bancarias. La última prueba procesal data de junio, momento en que se cerró la instrucción. Ahora las partes están a la espera de que el magistrado se dictamine sobre si archiva el caso o si por el contratrio abre procedimiento para que las partes se pronuncien, lo que encaminaría a la apertura de juicio.

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