El magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 7 de València ha abierto juicio oral contra la exalcaldesa de Puçol, Mercedes Sanchis, por un delito de prevaricación administrativa. La vista se ha señalado para finales de abril y resolverá la actuación de la exdirigente del Partido Popular en el caso de unos vertidos realizados por una empresa al alcantarillado del polígono y que causó graves daños a la red de saneamiento municipal.
El caso se remonta al año 2011, aunque no fue hasta el cambio de gobierno municipal, tras los comicios de mayo de 2015, cuando se tomaron cartas en el asunto y que acabaron en el juzgado. Así, en octubre de 2016, el departamento técnico municipal informó al entonces concejal Juan Manzaneque de la existencia de dos expedientes abiertos a la empresa Dulce Hola, ubicada en el polígono industrial de Puçol, por los daños causados al alcantarillado municipal por los reiterados vertidos de una sustancia corrosiva. En total, se vieron afectados unos 1.300 metros de tubería de canalización.
Al interesarse en profundidad por el caso, el equipo de gobierno, formado por Compromís, PSOE y Esquerra Unida, comprobó que en 2012, los técnicos del área de Urbanismo habían abierto sendos expedientes, en el que detallaban todos los pormenores de lo ocurrido. Así, se explicaba que la corrosión había dañado seriamente la red y que la concesionaria hídrica ya había elaborado un presupuesto para su reparación, por valor de más de 222.000 euros.
El problema surgió cuando revisando detenidamente el contenido de los expedientes, los dirigentes del ejecutivo municipal se percataron de que de los dos expedientes abiertos, uno de ellos había prescrito, sin que la la mercantil Dulce Hola hubiera recibido comunicación oficial de los daños ocasionados y el requerimiento para que corriera con los citados gastos de reparación. ¿El motivo? La entonces alcaldesa Mercedes Sanchis no había firmado la notificación, tal como aparecía reflejado en la diligencia incorporada al expediente administrativo del caso.
Enric Esteve, alcalde de Compromís desde 2015, trató de esclarecer lo ocurrido. Así, inició una ronda de contactos con todos los protagonistas del asunto: desde los técnicos municipales que iniciaron el expediente, hasta la propia Mercedes Sanchis y ediles de su equipo de gobierno del PP, y los responsables de Dulce Hola, sociedad que quebraría meses después por la crisis.
Careo entre Sanchis y los técnicos
Durante las entrevistas con los implicados, ya en los primeros meses de 2017, Enric Esteve señala que su antecesora aseguró que no recordaba el expediente por el que le preguntaba, afeándole el dirigente de Compromís cómo no podía recordar un caso que al pueblo le iba a suponer un gasto de 222.000 euros sin tener que hacerlo por una mala gestión del ejecutivo. De hecho, tanto Esteve como Sanchis bajaron hasta el área de administración para hablar con las responsables de redactar las notificaciones a la empresa. La exalcaldesa, según el informe de alcaldía, afirmó alli mismo que no le pasaron dicho escrito, mientras que las empleadas aseguraron que la popular se negó a firmarlo. La falta de rúbrica provocó que el procedimiento de sanción prescribiera en 2013. Tampoco se sacó nada en claro con los dirigentes de la empresa, que si bien en un principio se mostraron colaborativos, en los últimos encuentros afirmaron que la mercantil estaba en una situación financiera grave y que no podían asumir los gastos de la reparación, ni siquiera através de su aseguradora. Además, se sabían exentos de pagar por la prescripción.
Ante tal situación, el tripartito liderado por Enric Esteve remitió en mayo de 2017, un escrito hasta la Fiscalía Provincial de Valencia en el que detallaba todo lo ocurrido, solicitando que se depuraran responsabilidades y si las actuaciones realizadas por el anterior gobierno del PP pudieran ser constitutivas de delito. Además, aportó un informe de los técnicos de Urbanismo y Medio Ambiente, la copia del expediente en cuestión y un informe de alcaldía. Fiscalía abrió diligencias que desembocaron en un proceso judicial, que ahora ha concluido con la apertura de juicio oral contra Mercedes Sanchis por un delito de prevaricación administrativa. A la vista, fijada para finales de abril, están citados como testigos media docena de protagonistas, entre técnicos y políticos.
