El equipo de gobierno de Paterna llevará mañana a pleno la amortización de la plaza de oficial mayor, un habilitado nacional encargado de la fiscalización de la gestión del ejecutivo y de velar por el cumplimiento de la legislación. El punto saldrá adelante con la mayoría de los ediles socialistas (13).
La propuesta del gobierno del alcalde Sagredo viene motivada por dos aspectos: con la nueva estructura organizativa del ayuntamiento (2017), las funciones encomendadas al oficial mayor (nombrado en octubre de 2005) pasan a desempeñarlas los distintos jefes de área (Personal, Urbanismo o Participación Ciudadana); y por la petición del comisario jefe de la Policía Local de nombrar un Técnico de Administración General (TAG) para afrontar el volumen de trabajo administrativo del cuerpo policial, en concreto en el área de multas y sanciones.
Con motivo de la propuesta, el concejal de Personal, Fernando Carrión, solicitó el preceptivo informe a la secretaria, departamento al que pertenece el oficial mayor. En su escrito, la también habilitada nacional responde que la decisión del gobierno de que sus funciones las desempeñen ahora los jefes de área, supone «un claro desconocimiento» del funcionamiento y la normativa administrativa, ya que los habilitados nacionales «tienen reservadas por ley funciones que no pueden ser desempeñadas por ningún otro funcionario». Por tanto, «no es posible motivar la supresión de una plaza de habilitado nacional en el hecho de que existan TAG, pues el ámbito de funciones y responsabilidades es muy distinto».
En este sentido, advierte de consecuencias laborales y judiciales. Sobre las primeras, señala que concentrar en una sola funcionaria (ella misma) todas esas funciones, supone «establecer a sabiendas un cuello de botella en el trámite final de los expedientes y por tanto en la tramitación, pues forzosamente tendrán que ser informados y revisados por la Secretaria en los casos en que preceptivamente así lo establece la ley, y cuya función no puede suplirse por ningún otro funcionario por más jefaturas que se creen; con el consiguiente perjuicio al interés público». Así, recuerda que Paterna ha crecido en 20.000 habitantes en 20 años, lo que supone «un incremento exponencial» del trabajo para los habilitados nacionales. Y aporta cifras, como que entre ambos habilitados han visado más de 4.400 documentos, a larga distancia de otros departamentos. Por todo ello, la secretaria considera «difícil justificar la innecesariedad» del puesto de oficial mayor y afirma que los argumentos del ejecutivo socialista «dejan entrever posiblemente una motivación personal, más que un verdadero interés público en la adopción de una decisión de esta trascendencia».
Sobre la posible repercusión judicial, el informe de la habilitada nacional indica que la «potestad de autoorganización debe ejercerse en todo caso para los fines establecidos en el ordenamiento jurídico y no para fines distintos, lo que constituiría desviación de poder», y recuerda los casos en que un acto administrativo «es anulado o declarado nulo en los tribunales, por falta de motivación y/o desviación de poder, de lo que ya hay precedentes en casos similares de supresión de plaza de Oficial Mayor, incluso en la Comunitat Valenciana, con las consiguientes responsabilidades patrimoniales exigibles a los responsables del acuerdo».
La sombra de la impugnación
La presidenta del colegio de secretarios e interventores, Vanesa Felip, anunció que pondrán a disposición del colegiado todos sus medios para impugnar la aprobación de la amortización de la plaza. La dirigente de Cosital afirmó que «no es sostenible» la justificación de la eliminación de la plaza «al tratarse de un ayuntamiento grande donde ahora deberá asumir todas las obligaciones una sola persona», y recordó que los habilitados nacionales están especializados para funciones para las que no lo están los TAG.
