La lógica, basada en la mayoría absoluta, permitió al equipo de gobierno socialista de Paterna aprobar por 13 votos a favor y 12 en contra, la supresión de la plaza del Oficial Mayor, un habilitado nacional encargado de la labor de fiscalización y control de la gestión municipal. Tal como adelantó este diario, la propuesta del PSOE sale adelante con el rechazo de la secretaria, que no aprecia motivación justificada para amortizar la plaza.

La eliminación del puesto de trabajo, cuyo funcionario pasará a la Policía Local, ha sido muy contestada por partidos y sindicatos. Así, desde el PP señalan que esta medida «no tiene otro objetivo más que 'asfixiar' a la Secretaria municipal, ahogándola de faena para que finalmente cese de realizar su labor fiscalizadora, tal y como viene haciendo con las diferentes Alcaldías que han pasado por Paterna. Se trata de una vendeta personal del alcalde contra unos funcionarios que hacen su labor sin miedo a represalias, pero como es habitual con Sagredo, al que se mueve se le fulmina». Los populares se preguntan si el objetivo final «es eliminar cualquier acción fiscalizadora de las imposiciones de Alcaldía con el fin de poder 'campar a sus anchas', haciendo y deshaciendo lo que plazca con los expedientes o contratos pagados con el dinero de todos los paterneros».

Por su parte, Juanma Ramón, concejal de Compromís, también mostró su «rechazo frontal» a la amortización y advirtió que en Paterna «ya tenemos experiencia en diversas amortizaciones, como las del PP en 2012, que acabaron en el juzgado y que dieron la razón a los trabajadores». Ramón señala que Sagredo «está clonando actuaciones del PP» al tomar decisiones «de manera unilateral y sin negociación con los sindicatos, que es causa de nulidad». Además, resalta que en el expediente «no se acreditan los criterios objetivos ni la justificación ni la carga de trabajo que propicia el traslado y la amortización». El regidor apunta que «además de no entender un procedimiento que acabará en denuncia y posterior anulación, se trata de una plaza necesaria para el ayuntamiento vista la carga de trabajo de asesoramiento, fiscalización y control».

Desde Ciudadanos, el concejal Jorge Ibáñez, también advierte que amortizar la plaza del oficial mayor «puede tener consecuencias como ya ha pasado en otras ocasiones, ya que el acuerdo plenario podría ser declarado nulo de pleno derecho». El regidor indica que «no tiene sentido mermar la labor de los habilitados nacionales que no están para otra cosa que para fiscalizar el trabajo del ayuntamiento». Por ello, sostiene que la medida tomada por el ejecutivo socialista «va en detrimento de la transparencia».

Los sindicatos ya mostraron su malestar en las distintas mesas en las que comunicó el asunto, aunque como denuncian, se trata de una decisión «injustificada ni negociada», lamentando que la actuación de los socialistas «al atentar contra los derechos de nuestros compañeros», como criticaba UGT.