Levante-EMV

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Urbanismo

Rocafort quiere penalizar a la ejecutora de la Casa Bou por un retraso de ocho meses

Inicia el expediente para reclamar a la empresa hasta 83.000 euros

La Casa Bou, futuro consistorio, en una imagen captada ayer. l-emv

El pleno de Rocafort aprobó el lunes iniciar el expediente para penalizar a la empresa encargada de realizar las obras en la Casa Bou, debido al incumplimiento de los plazos de ejecución establecidos. La cantidad máxima que reclama el ayuntamiento asciende a 82.700 euros, aunque podría incrementarse en concepto de daños y perjucios si el consistorio pierde alguna de las subvenciones de otras administraciones con las que sufraga la actuación.

En septiembre de 2018, el entonces equipo de gobierno firmaba con la empresa ganadora, el contrato para rehabilitar la Casa Bou por un montante cercano a los 900.000 euros. El proyecto tenía por objeto convertir una vieja alquería del siglo XIV situada en la plaza Mayor, en el nuevo ayuntamiento. El inmueble tiene una superficie de 750 metros, distribuidos en tres plantas, además de un jardín de 460 metros. Para afrontar la obra, el consistorio utilizaría fondos europeos, además de partidas del superávit, bajo el concepto de IFS. En el pliego de condiciones se valoró con hasta 20 puntos acortar el plazo de ejecución, que quedó fijado en mayo de 2019 (216 días).

Ocho meses después de aquella fecha, el pleno ha aprobado iniciar el proceso para penalizar a la empresa con hasta 82.700 euros por el retraso. Según indica el alcalde Guillermo José, la mercantil «ha presentado ya por registro de entrada la última certificación como que han concluido la obra, pero en los trámites administrativos debe informarse con 45 días de antelación del final de la obra para su recepción». De todos modos, el consistorio entiende que están muy lejos de los plazos que se aprobaron por pleno. «Hay más días de retraso que plazo previsto para hacer las obras», critica el dirigente de Ciudadanos.

Ahora, se ha abierto un periodo de diez días para que la empresa presente alegaciones. «Nuestra reclamación se basa en informe de técnicos qe acreditan el retraso y otras cuestiones susceptibles de ser penalizadas», señala el alcalde.

Paralelamente, la contrata también reclama al consistorio unos sobrecostes de alrededor de 80.000 euros, circunstancia que ambas partes llevan analizando desde el pasado septiembre. «Habrá un modificado ordenado por alguien, deben mostrarnos esa documentación que lo justifique y lo acredite; Sin eso, no vamos a pagar nada», advierte Guillermo José.

Compartir el artículo

stats