Un vecino de Xirivella ha presentado por registro de entrada una petición para que el ayuntamiento abra un expediente sancionador de empleo, después de que estos le sancionaran por una protesta vecinal durante el pregón de fiestas de 2016, multa que anuló el TSJ.
Toda la historia se remonta a septiembre de 2016. Durante el pregón institucional, un grupo de vecinos se concentró frente al consistorio para protestar por la gestión del alcalde socialista Michel Montaner, sobre todo por la eliminación de los festejos taurinos tras una consulta popular celebrada meses antes. La concentración no fue más allá de cuatro gritos y pitadas.
Dos agentes de la Policía Local impusieron una sanción a uno de los vecinos, Miguel S. C., por adoptar «una actitud ofensiva hacia el alcade, contra el que profirió insultos, tratando de incitar con su comportamiento al público asistente, repartiendo pitos al efecto, perturbando con todo ello, el normal desarrollo del acto institucional». La multa tipificada como grave en materia de protección de seguridad ciudadana llevaba implícita la cantidad de 601 euros.
El afectado emprendió un contencioso que acabó en juicio, donde defendió que eran muchos los allí presentes y que era «imposible la efectiva identificación del autor de los gritos y los insultos».
El juez ha anulado la multa al considerar que «lo que debe ser perturbada es la seguridad ciudadana y no el antiguo concepto de 'orden público', con el que la administración parece confundirlo. La distinción entre ambos pasa por lo tanto por este concepto jurídico indeterminado, de modo que la seguridad ciudadana protegida se caracteriza por la inexistencia de riesgos provocados para la vida o integridad de las personas, que serían un ejemplo en casos como el que aquí se examina el lanzamiento de bengalas o empujones que puedan causar avalanchas con caídas o aplastamiento de personas». En cambio, el magistrado sostiene que «aquí meramente ha sido una interrupción de un acto festivo, resultando deslucido y generar malestar en buena parte del vecindario, sin que conste elemento alguno que haga concluir que se ha amenazado la seguridad de los asistentes».
Con la victoria judicial bajo el brazo, Miguel S. C., presidente de la peña taurina de Xirivella en el momento en el que fue multado, se presentó en el último pleno municipal para comunicar y entregar a todo el equipo de gobierno el fallo que le daba la razón. «En nuestra democracia, por suerte, reivindicar derechos no constituye ningún tipo de delitos», afirma el vecino xirivellero.
Pero como según Miguel, los hechos que explicaron los agentes de policía para proceder a su sanción «no se ajustan a la realidad» y su «forma de proceder demuestra un abuso de autoridad», ha solicitado por registro de entrada que ambos policías «sean expedientados» y «suspendidos de empleo y sueldo por el tiempo que se ajuste a la gravedad de los hechos».
El vecino de Xirivella pretende que «no vuelva a ocurrir un abuso de autoridad hacia ningún ciudadano».
