Ediles del Partido Popular y de Ciudadanos del Puig han denunciado este viernes en la Fiscalía Anticorrupción a la alcaldesa socialista Luisa Salvador y los concejales María Ángeles Beltrán y Marc Oriola, por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos. La causa que alegan es la revocación de la comisión de servicio de la interventora municipal y el pago «irregular» de productividades a un funcionario. A los portavoces del PP y Cs, Bartolomé Vila y David Castelló, les han acompañado esta mañana los diputados provinciales Javier Montero y Carlos Gil.
En la denuncia se defiende que la revocación de la comisión de servicio de la interventora se produjo tras informar la alta funcionaria de una irregularidad en el pago a un trabajador «por productividades que no se justificaban», lo que podía ser un delito, por lo que se pedía que se devolviera el dinero. Ambos grupos aseguran que la alcaldesa presionó a la funcionaria para que cambiar su informe antes del pleno y que días después el gobierno local le comunicó que no renovaban su comisión de servicios.
Montero ha afirmado que «no se puede permitir que se amenace a una funcionaria pública en el ejercicio de su trabajo para que tape un posible delito en el que se está malversando dinero público» y de ahí que se confía en que la Fiscalía Anticorrupción investigue al gobierno socialista del Puig.
«Estamos tranquilos»
Por su parte, el gobierno local ha explicado que los pagos al funcionario por horas extras realizadas «se realizaron de forma correcta» y que la suspensión de la interventora responde a que ya llevaba dos años y «hay una sentencia que va contra de que este tipo de comisión de servicios se prolonguen tanto». El edil Marc Oriola considera además que «la interventora hizo el informe en contra probablemente porque sabía que no se la iba a renovar la comisión de servicios».
