Se llama Tere, tiene 54 años y una discapacidad física del 93%. Se mueve en silla de ruedas para evitar caídas que agraven su estado. Ayer, arropada por integrantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Paterna, acudió al pleno municipal para pedir ayuda al alcalde de su ayuntamiento. El seis de marzo deberá desalojar el piso en el que vive alquilada, ya que una orden judicial da potestad a la Sareb, el conocido como banco malo, para que tome posesión de un edificio como pago por la deuda contraida por su promotor. La Sareb, por su parte, afirma que los abogados de ambas partes están negociando alternativas para evitar el desalojo, durante una prórroga de dos meses.
La historia de Tere, al igual de la de María y sus cuatro hijos, es un nuevo episodio del problema de la vivienda, aunque en este caso ambas mujeres son protagonistas secundarias, pero las consecuencias son directas. El edificio en el que residen en regimen de alquiler se encuentra en la calle Sant Francesc de Borja, en Paterna. La promotora concluía entrada la segunda década del nuevo siglo, una finca de ocho pisos, con garaje incluido. Desde primer momento se estableció que las viviendas se arrendarían, descartando la venta.
Tere se estableció allí en agosto de 2018, con un recibo mensual de unos 400 euros. La mujer va en silla de ruedas, debido a su movilidad reducida de nacimiento. Su discapacidad se vio agravada hace años, cuando una caída le dejó el brazo inmovil. «Por eso me muevo en silla de ruedas, para estar más protegida y no caerme», explica a este diario.
La mujer vivía con su madre. La pensión de ambas, una por viudadad y la otra no contributiva, les permitía hacer frente a las cargas mensuales del alquiler y del día a día. Pero la madre de Tere sufrió dos ictus recientemente, que le han obligado a internarla en una residencia. «Yo en mi estado no puedo atender a mi madre», detalla. Y los ingresos que percibía su madre van directamente a pagar la residencia.
El pasado mes de junio, Tere y otros inquilinos fueron citados a juicio. El propietario del edificio no había hecho frente a los créditos que solicitó al banco para construir la finca, y la Sareb lo denunció para tomar posesión y cobrarse el aval. «Tenemos un orden de desalojo para el próximo seis de marzo», indica la mujer. De las ocho viviendas, solo dos siguen con residentes, ya que las familias de los otros seis se han ido marchando poco a poco ante la orden judicial.
Por ello, Tere se presentó ayer por la tarde en el pleno municipal para intervenir en el turno de ruegos y preguntas. «Quiero que el ayuntamiento me ayude. Ahora solo cobro 400 euros. He pedido informes al departamento de asuntos sociales para que mi abogado negocie con la Sareb, pero solo puedo afrontar un pequeño alquiler social», avisa. Tere teme quedarse en la calle. «No me puedo ir de donde vivo, sino dónde voy», lamenta. Durante estas semanas ha acudido a servicios sociales para explicar su situación. «Me dicen que alquile un piso y luego les lleve el contrato, y ya veremos. Cómo voy a alquilar un piso con mi pensión euros. De dónde saco el dinero. Salí hecha polvo del ayuntamiento», comenta.
Desde la PAH la respaldaron durante su intervención. «Llevamos peleando con la Sareb por este tema más de un año. Tanto la PAH como les vecinos hemos pedido al alcalde que nos reciba para encontrar una solución para todos los afectados y nada, sin contestación». En su intervención, la portavoz del colectivo paternero reveló que el concejal Julio Fernández les citó ayer por la mañana «deprisa y corriendo» a un primer encuentro y programando otro para marzo.
En la misma situación se encuentra María, de 40 años y cuatro hijos menores. Es inquilina desde 2013. Tanto ella como Tere están dispuestas a pagar un alquiler, pero dentro de sus posibilidades sociales. «El ayuntamiento les tiene que ayudar y negociar con la Sareb por estas mujeres, pero no están haciendo su trabo, no hacen nada», criticaron desde la PAH. Incluso el colectivo ha remitido un escrito a Moncloa denunciando la situación, y «ni así el ayuntamiento hace nada».
El antecedente de Vicente Morte
La situación de Tere y María ya la vivieron hace unos meses las nueve familias que también vivían de alquiler en un edificio de la calle Vicente Morte, del mismo promotor que Sant Francesc de Birja y que perdió el inmueble en favor de la Sareb por adeudar el crédito. Tenían una orden de desalojo, pero el banco malo, ante la presión mediática y las movilizaciones, aceptó negociar con ellos para mantener el régimen de alquiler, con precios que rondan desde los 400 hasta los 600 euros. Los residentes entregaron toda la documentación a la inmobiliaria que hace de intermediaria con la Sareb para pasar a ser sus inquilinos, pero de momento siguen esperando una respuesta.
