El portavoz de Compromís per Mislata, Javier Gil, ha pedido al Ayuntamiento que elabore una guía de las medidas que está implementando en el municipio por el Covid-19, con la correspondiente actualización de los datos a medida que se adopten nuevas acciones, para que la población esté informada en todo momento de las decisiones que toma el gobierno municipal.

También se han solicitado una serie de propuestas sociales y de estímulo económico para las familias, autónomos y PYMES que Esquerra Unida ha hecho llegar al regidor de Compromís: "queremos agradecer la tarea de EUPV y su compromiso con la sociedad haciéndonos llegar sus ideas ante la crisis del Covid-19" ha comentado Gil.

A partir del trabajo colaborativo entre las dos formaciones políticas, se ha pedido al Ayuntamiento que garantice un servicio de asistencia y atención psicológica telefónica para la ciudadanía, así como garantizar la atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género. Al mismo tiempo que se garantice una adecuada alimentación y suministro de productos farmacéuticos a domicilio a la población más vulnerable afectada por el Coronavirus (personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión, personas enfermas, dependientes, etc.).

En materia fiscal, Compromís per Mislata y Esquerra Unida han solicitado al equipo de gobierno que implemente una línea de ayudas económicas para PYMES y autónomos afectados por la crisis del Covid-19. También que se aplace el pago de los tributos municipales durante el estado de alarma, y se retomen los plazos en septiembre del 2020. "El periodo de pago del IBI empieza en junio pero las familias afectadas necesitan tener un margen de tiempo para poder recuperar los ingresos perdidos y acordar esta medida económica ahora implica tranquilidad para las familias" explica Gil.

Al mismo tiempo, se pide que se implemente una revisión de las tasas municipales vinculadas a la actividad económica (exenciones, bonificaciones, etc.), se garantice el pago de las facturas pendientes a los proveedores del Ayuntamiento y que este solicite en la iglesia católica el Impuesto de Bienes inmuebles (IBI) de aquellas propiedades no dedicadas al culto religioso, y dedicar los ingresos a paliar los efectos generados por la crisis del Covid-19.