El grupo municipal de Compromís per Paiporta ha registrado una iniciativa para impulsar una reforma constitucional que otorgue al Derecho a la Salud la máxima relevancia. La moción trata también de impulsar una reforma legislativa que garantice un mínimo de inversión en la investigación sanitaria e impida prácticas de descapitalización de la sanidad pública en beneficio de la privada.

La finalidad de la iniciativa registrada para su debate y aprobación en el pleno, es que el Ayuntamiento dé su apoyo político a la protección del sistema de salud universal, público y de calidad, así como garantizar todos los medios laborales necesarios para que el personal sanitario pueda desempeñar sus funciones con plenitud, exigiendo, en consecuencia, el compromiso de aumentar los presupuestos públicos destinados a este objetivo.

Pep Val, portavoz del grupo, señala que ante la situación de emergencia internacional por el el Covid-19 "se ha vuelto a demostrar la necesidad de contar con un sistema de salud pública con las mejores garantías posibles". Val incide en que los aplausos a los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario que hacen frente a la situación "no deben quedar en una muestra esporádica de apoyo, y deben afianzarse en medidas políticas que refuerzan sus condiciones de trabajo y garantizan el servicio a la ciudadanía ".

Por eso, desde Compromís se propone el blindaje legal de la salud mediante la obligación constitucional de la asistencia sanitaria universal de pleno derecho, ya que en la actualidad no existe protección jurisdiccional directa. Todo ello contribuiría a dar pleno sentido a elementos tan importantes como la definición del artículo 1.1 de la Constitución, que califica el Estado español como "social"; y que como tal es exhortado en el artículo 9.2 a ordenar a los poderes públicos a aplicar las medidas para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas.

Entre los acuerdos de la moción se propone que el Ayuntamiento de Paiporta se sume a la propuesta de una reforma constitucional para otorgar al Derecho a la Salud la máxima relevancia, situando en la sección 1.ª del capítulo II del título I el Derecho a la Salud y el reconocimiento de la asistencia sanitaria universal que, aunque este derecho se encuentra enunciado en la Constitución no se considera derecho subjetivo pleno porque no tiene protección jurisdiccional directa. De esa manera se daría pleno sentido a elementos tan importantes como la definición del artículo 1.1 de la Constitución que califica España como "social".